El Gobierno nacional formalizó la desclasificación y levantamiento de la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) mediante la expedición del Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025. Estos documentos, que durante décadas permanecieron fuera del alcance ciudadano, se encuentran actualmente bajo custodia del Archivo General de la Nación (AGN).
La decisión representa un hito en materia de acceso a la verdad y memoria histórica, aunque el Ejecutivo fue enfático en que no se trata de una apertura inmediata ni irrestricta. El decreto establece un proceso gradual, técnico y condicionado, diseñado para equilibrar el derecho ciudadano a conocer lo ocurrido con la protección de datos personales, la seguridad nacional y la estabilidad del régimen democrático.
Una apertura controlada y por etapas
El Decreto 1400 no ordena la consulta directa de los archivos originales reservados. En su lugar, define una ruta técnica obligatoria que incluye:
- Organización y preservación archivística
- Digitalización del material
- Verificación de riesgos institucionales
- Anonimización de información sensible
El AGN será responsable de adelantar los procesos técnicos iniciales y de digitalizar el acervo documental, que incluye decenas de miles de cajas físicas y soportes electrónicos. Posteriormente, los productos digitales serán enviados a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entidad encargada de anonimizar la información conforme a la normativa de protección de datos personales y acceso a la información pública.
Solo una vez cumplidas estas etapas, el AGN elaborará una “versión digital de consulta”, que será la que finalmente quede disponible para la ciudadanía. El Gobierno subraya que no se desclasifica el archivo bruto, sino una versión depurada, precisamente para evitar vulneraciones masivas de derechos o riesgos para la seguridad del Estado.
Protección de derechos y seguridad institucional
El decreto condiciona expresamente el levantamiento de la reserva a que la información divulgada no comprometa la defensa nacional, la seguridad, ni la vigencia del régimen democrático. De esta manera, la apertura del archivo busca garantizar el derecho a la verdad sin convertirse en un ejercicio irresponsable que exponga datos sensibles de víctimas, terceros o incluso funcionarios mencionados en documentos delicados.
Dado el enorme volumen del archivo, el Gobierno reconoce que el proceso será progresivo y de largo aliento. Para evitar que la medida quede en el plano declarativo, el decreto obliga a las entidades responsables a presentar informes semestrales de avance, asegurando resultados concretos y verificables.
Antecedentes del DAS: una historia de abusos
El trasfondo de esta decisión está directamente ligado a la historia oscura del DAS, entidad suprimida en 2011 tras múltiples escándalos. Diversas sentencias judiciales documentaron cómo el organismo fue utilizado para:
- Realizar interceptaciones ilegales
- Perseguir a magistrados de la Corte Suprema, periodistas y opositores políticos
- Compartir información con estructuras paramilitares
La Corte Suprema de Justicia confirmó condenas relacionadas con estos hechos y, en particular, sentenció al exdirector del DAS Jorge Noguera Cotes por poner la inteligencia del Estado al servicio del paramilitarismo, además de su responsabilidad en un homicidio que marcó profundamente la historia de la Universidad del Atlántico y la defensa de los derechos humanos.
Casos como el denominado “DAS y Operación Europa” evidenciaron que la persecución ilegal incluso se extendió fuera del país, afectando a defensores de derechos humanos en el exilio. En línea con ese reconocimiento, en 2025 la Cancillería colombiana realizó un acto de disculpas oficiales en España por la persecución sufrida por víctimas del DAS.
Control, transparencia y participación ciudadana
El Decreto 1400 introduce mecanismos de control inéditos para este tipo de procesos. Establece una vigilancia preventiva de la Procuraduría General de la Nación sobre la custodia, consulta y depuración de los archivos, y exige la elaboración de un plan de trabajo público, con protocolos claros, cronograma y presupuesto definido.
Además, contempla espacios de participación de la sociedad civil y de partes interesadas, reforzando la idea de que la apertura del archivo no será un proceso cerrado ni discrecional, sino uno con reglas claras, trazabilidad y rendición de cuentas.
Alcance histórico de la medida
Con este decreto, el Gobierno busca transformar un archivo históricamente opaco y asociado a graves violaciones de derechos humanos en un insumo clave para la memoria, la investigación académica, el periodismo y el esclarecimiento de la verdad. El impacto real de la medida, sin embargo, se medirá cuando se publique el primer paquete de documentos disponibles para consulta pública, momento en el que la sociedad podrá dimensionar el alcance de lo que durante años permaneció oculto.