La Unidad para las Víctimas avanzó en el proceso de reparación integral en La Guajira con la entrega de 490 cartas de indemnización a sobrevivientes del conflicto armado provenientes de seis municipios: Riohacha, Maicao, Manaure, Fonseca, Urumita y San Juan del Cesar. Estas jornadas se desarrollaron en Riohacha y San Juan del Cesar, y priorizaron a personas en condición de discapacidad, adultos mayores y víctimas con enfermedades graves, reconociendo su especial vulnerabilidad dentro del proceso de reparación.
La inversión total destinada para estas indemnizaciones alcanzó los $5.400 millones, una cifra que, según la Unidad para las Víctimas, contribuye significativamente a la garantía de derechos y al fortalecimiento de los proyectos de vida de las comunidades afectadas por la violencia en la región. Las entregas estuvieron acompañadas por autoridades municipales, enlaces de víctimas y entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral, quienes ofrecieron orientación, rutas de atención y acompañamiento para el uso responsable de los recursos recibidos.
El director territorial de la Unidad para las Víctimas en La Guajira y Cesar, Gustavo Benjumea Daza, señaló que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno Nacional con la reparación y la construcción de paz, en línea con los lineamientos del director general de la entidad, Adith Romero Polanco. Esta visión fue reforzada por testimonios de beneficiarios como Álvaro Romero, quien agradeció el apoyo y destacó la importancia de invertir los recursos con responsabilidad para mejorar las condiciones de vida en sus territorios.
Avances en la implementación del Acuerdo de Paz a nueve años de su firma
En paralelo a estos esfuerzos de reparación, se presentó un balance del avance de los Acuerdos de Paz firmados en 2016. Nueve años después, el país registra progresos en varias áreas, aunque persisten retos significativos. En materia de seguridad, se activó el Programa de Protección Integral (PPI), regulado por el Decreto 0638 de 2025, destinado a salvaguardar a excombatientes y a sus familias. También se han logrado mínimos avances en protección a más de 11.000 firmantes del acuerdo.
En el ámbito rural, Colombia ha adjudicado más de 250.000 hectáreas de tierra como parte del proceso de redistribución y ha adquirido 640.000 hectáreas adicionales para ampliar el fondo de tierras, un componente fundamental del punto uno del Acuerdo de Paz. Pese a estos avances, la transformación territorial avanza con ritmo desigual.
En cuanto al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), se han firmado más de 56.000 planes de inversión con familias que aceptaron sustituir sus cultivos. Sin embargo, solo el 1,5 % de estas familias ha recibido la atención completa prometida, lo que evidencia dificultades para consolidar la sustitución como alternativa real y sostenible.
En conjunto, tanto las indemnizaciones en La Guajira como los avances del Acuerdo de Paz muestran un panorama mixto: por un lado, acciones concretas hacia la reparación, la protección de excombatientes y la redistribución de tierras; por otro, retos estructurales en la implementación, especialmente en seguridad rural y apoyo a comunidades involucradas en la sustitución de cultivos.