Una nueva polémica sacude al Gobierno nacional tras revelarse que se habrían destinado más de 31 billones de pesos en contratos adjudicados de manera directa a juntas de acción comunal, cabildos indígenas, resguardos y otras organizaciones sociales.
La información, obtenida a través de un derecho de petición a la Agencia Nacional de Contratación Pública, señala que durante la actual administración se han firmado más de 80 mil contratos bajo esta modalidad, utilizando una figura conocida como asociaciones público-populares.
Este mecanismo permitía celebrar convenios sin procesos de licitación tradicional, lo que ha generado fuertes cuestionamientos por parte de distintos sectores, especialmente por temas de transparencia y control en el manejo de recursos públicos.
Además, la controversia aumenta debido a que dicha figura fue posteriormente declarada inconstitucional, al considerar que no cumplía con los principios establecidos para la contratación estatal.
Según los datos revelados, los recursos se distribuyeron en múltiples proyectos relacionados con infraestructura social, vías rurales, vivienda y programas comunitarios, beneficiando a organizaciones con presencia territorial en distintas regiones del país.
