Gobierno destina más de $345.000 millones para atender a víctimas de desplazamiento en el país

El Gobierno nacional ha destinado más de 345.000 millones de pesos para atender a hogares víctimas de desplazamiento forzado, a través del programa Familias en su Tierra, que actualmente beneficia a cerca de 29.560 familias en distintas regiones del país.

La estrategia, liderada por Prosperidad Social, se desarrolla en 74 municipios de 19 departamentos y busca mejorar las condiciones de vida de la población afectada, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.

El programa está enfocado en fortalecer las condiciones socioeconómicas de los hogares mediante una intervención integral que incluye acompañamiento social, acceso a alimentos para autoconsumo, mejoramiento de vivienda rural y apoyo a proyectos productivos.

Para lograrlo, la iniciativa se organiza en cuatro líneas de acción. La primera está orientada al fortalecimiento social y comunitario, promoviendo la organización, el liderazgo y las redes de apoyo.

La segunda, ‘Cosechando mi huerta’, impulsa la implementación de huertas para autoconsumo y prácticas sostenibles.La tercera, ‘Vivir mi casa’, busca mejorar las condiciones de habitabilidad en viviendas rurales.

Y la cuarta, ‘Produciendo para mi hogar’, apoya la creación o fortalecimiento de iniciativas productivas que generen ingresos.

Cada familia recibe acompañamiento técnico, tanto individual como grupal, a través de visitas, talleres y seguimiento continuo, con el fin de adaptar la atención a las necesidades de cada territorio.

En su décima fase de implementación, el programa atiende a población víctima del desplazamiento que ha retornado o ha sido reubicada, con presencia en departamentos como Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Vichada y Sucre.

Desde Prosperidad Social señalaron que la estrategia busca que las familias puedan permanecer en sus territorios en mejores condiciones, con herramientas sostenibles que les permitan avanzar en su estabilización económica.

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