El Ministerio del Trabajo de Colombia ordenó la implementación inmediata de medidas preventivas contra Caracol Televisión S.A., luego de una inspección realizada el 26 de marzo de 2026 en la que se identificaron graves fallas en la protección de los derechos laborales dentro de la empresa.
La decisión quedó formalizada en el Auto No. 0010 del 7 de abril de 2026 y tiene como objetivo evitar la repetición de conductas que podrían vulnerar derechos fundamentales como la dignidad humana, la igualdad y el derecho a condiciones laborales justas.
Durante la inspección, el Ministerio encontró una importante brecha entre los protocolos que la empresa tiene establecidos y su aplicación real. Entre los hallazgos más relevantes se destacan la presunta existencia de casos reiterados de acoso laboral y sexual, el subregistro de denuncias debido al temor de los trabajadores a sufrir represalias, y la falta de investigaciones disciplinarias sólidas frente a estas situaciones. También se evidenciaron problemas en la gestión de quejas, como deficiencias en su seguimiento y trazabilidad.
Además de los hallazgos técnicos, la entidad recibió denuncias directas de trabajadores que reportaron situaciones de acoso dentro del canal, lo que refuerza la preocupación sobre el ambiente laboral al interior de la organización.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, fue enfático al afirmar que el Gobierno no tolerará el silencio ni la impunidad frente a este tipo de conductas, y subrayó que los protocolos empresariales deben ser efectivos y no solo formales. En la misma línea, la viceministra Sandra Muñoz advirtió que el miedo a denunciar no puede seguir siendo una constante en los entornos laborales.
Como respuesta, el Ministerio impuso una serie de medidas obligatorias e inmediatas para la empresa. Entre ellas están la protección integral de víctimas, denunciantes y testigos; garantías para evitar la revictimización; el inicio de investigaciones internas con enfoque de género; y la implementación de acciones de reparación y prevención. También se ordenó fortalecer los canales de denuncia, reconstruir antecedentes disciplinarios, investigar posibles filtraciones de información y adoptar un enfoque inclusivo que tenga en cuenta género y diversidad.
Estas medidas son de carácter preventivo y deberán cumplirse mientras continúan las actuaciones administrativas. El Ministerio dejó claro que hará un seguimiento estricto para verificar su cumplimiento.
Finalmente, advirtió que si la empresa no acata las órdenes, podría enfrentar sanciones más severas, lo que aumentaría su responsabilidad como empleador. El Gobierno, por su parte, reiteró su compromiso con la creación de entornos laborales seguros, dignos y libres de violencia, insistiendo en que las empresas deben garantizar mecanismos reales y confiables para proteger a sus trabajadores.
