El Gobierno Nacional oficializó la emergencia económica, social y ecológica como respuesta a la grave situación provocada por el terremoto del 10 de agosto. La medida busca facilitar la adopción de decisiones y mecanismos especiales para atender a las comunidades afectadas, recuperar infraestructura y acelerar la reconstrucción de viviendas, colegios, hospitales, vías y servicios públicos que resultaron afectados en diferentes departamentos del país.
De acuerdo con la Presidencia, el terremoto provocó daños en infraestructura y viviendas de varios departamentos, entre ellos Nariño, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Tolima, Putumayo y Antioquia. La emergencia también representa un desafío económico para el país, debido al elevado costo que tendrá la reconstrucción y a la necesidad de mantener recursos destinados a la atención inmediata de los damnificados.
