El Gobierno del presidente Gustavo Petro prepara un borrador de decreto que busca eliminar la prima de servicios que reciben los congresistas colombianos, un beneficio que actualmente asciende a cerca de 15–16 millones de pesos mensuales, y que forma parte de la remuneración total de senadores y representantes.
El Ministerio de Hacienda argumenta que este pago, creado inicialmente por el decreto 2170 de 2013, no es obligatorio ni forzoso para el Ejecutivo según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y que su eliminación contribuiría a reorientar el gasto público y avanzar en medidas de austeridad ante las presiones fiscales del país.
La medida, de adoptarse, no afectaría a los congresistas actuales, sino que aplicaría solo a quienes se posesionen a partir del 20 de julio de 2026, reduciendo de forma significativa los ingresos adicionales de los futuros legisladores.
El Gobierno sostiene que la prima resulta desproporcionada respecto al ingreso promedio de la población y a la realidad económica nacional, dificultando el cumplimiento de objetivos sociales y fiscales planteados en el Plan Nacional de Desarrollo.
La iniciativa ha generado expectativas y debates políticos, ya que podría evidenciar tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso en momentos clave del ciclo electoral y frente a otras reformas económicas que enfrenta el país.