Colombia rechazó de manera categórica las sanciones impuestas por Estados Unidos contra los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), Gocha Lordkipanidze y Erdenebalsuren Damdin, al considerar que estas medidas afectan gravemente la independencia de la justicia internacional y debilitan el sistema multilateral de rendición de cuentas. El pronunciamiento oficial se produjo luego de que Washington anunciara restricciones contra ambos magistrados tras un fallo adverso a Israel.
De acuerdo con el comunicado de la Cancillería colombiana, estas sanciones se suman a otras medidas adoptadas previamente contra funcionarios de la CPI y de la Oficina del Fiscal, lo que constituye, a juicio del Gobierno colombiano, un grave obstáculo para la autonomía, la efectividad y el normal funcionamiento de una institución fundamental del derecho internacional. Colombia subrayó que la CPI representa un instrumento esencial para millones de víctimas de los crímenes más graves de trascendencia internacional, siendo en muchos casos el último recurso disponible para acceder a la justicia y garantizar la rendición de cuentas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que este tipo de sanciones socavan el Estado de derecho y amenazan el orden jurídico internacional, especialmente en escenarios donde la CPI adelanta investigaciones sobre hechos de alto impacto humanitario, incluidos aquellos ocurridos en el territorio del Estado de Palestina. En este sentido, el Gobierno colombiano manifestó su preocupación por las consecuencias que estas decisiones puedan tener sobre la imparcialidad y la independencia judicial del tribunal con sede en La Haya.
En el pronunciamiento, Colombia reiteró su compromiso “indefectible” con los principios del Estatuto de Roma, tratado constitutivo de la CPI, y llamó a la comunidad internacional a defender el multilateralismo, así como a salvaguardar la integridad del sistema de justicia internacional frente a presiones políticas que puedan debilitarlo. El país insistió en que la lucha contra la impunidad debe mantenerse al margen de intereses geopolíticos.
Finalmente, Colombia se sumó a otros Estados y organizaciones internacionales que exigen el retiro inmediato de las sanciones, en defensa de la independencia judicial de la CPI y de su labor para impartir justicia de manera imparcial, autónoma y conforme al derecho internacional. El Gobierno enfatizó que cualquier intento de intimidación o castigo contra magistrados internacionales pone en riesgo la credibilidad del sistema global de justicia.
Las sanciones estadounidenses fueron impuestas luego de que los jueces Lordkipanidze y Damdin votaran en contra del recurso presentado por Israel ante la CPI, en el marco de un proceso vinculado a la orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Las medidas incluyen la prohibición de ingreso a Estados Unidos, así como el bloqueo de bienes y transacciones financieras, y se suman a otras sanciones previamente adoptadas contra magistrados y fiscales del tribunal, las cuales la propia CPI ha calificado como un ataque directo a su independencia judicial.