El Gobierno nacional implementó una serie de nuevas medidas tributarias como parte del decreto de emergencia económica con el objetivo de asegurar recursos para financiar el presupuesto de 2026 y enfrentar el déficit fiscal tras el hundimiento de la reforma tributaria presentada este año.
Entre los principales cambios anunciados se encuentran ajustes en impuestos existentes y la creación o ampliación de otros que buscan ampliar la base de recaudo y equilibrar las finanzas públicas.
Impuesto al consumo de bebidas alcohólicas y tabaco: Se aumentaría la carga tributaria sobre productos como licores, vinos y tabaco, ampliando su alcance para incluir dispositivos de vapeo y otros productos, con tarifas más altas que impactarían directamente el precio final al consumidor.
Nuevo gravamen a hidrocarburos y carbón: Se plantea un impuesto especial que afectaría la extracción, primera venta y exportación de petróleo crudo y carbón, aplicado a grandes empresas con altos ingresos como parte de la estrategia para aumentar la recaudación.
Impuesto al patrimonio: Se contempla la reintroducción o fortalecimiento del impuesto al patrimonio, que gravaría bienes de alto valor tanto para personas naturales como para compañías, con tarifas progresivas que afectan a quienes tienen patrimonios superiores a ciertos umbrales.
Impuesto al movimiento financiero (5×1000): El decreto incluiría un aumento en el gravamen sobre movimientos financieros, comúnmente conocido como el 5×1000, con el fin de obtener recursos adicionales del sector económico con mayor actividad.
IVA sobre juegos de suerte y azar: Se mantendría el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) del 19 % sobre actividades relacionadas con juegos de suerte y azar en línea, sin importar si las apuestas se realizan desde el país o desde el exterior, como parte de las medidas incluidas en la emergencia económica.
Estas medidas temporales se aplicarán durante el ejercicio de la emergencia económica y están diseñadas para generar ingresos adicionales sin pasar por el Congreso, algo que ha generado debate entre sectores políticos y gremiales sobre su constitucionalidad y su impacto en la economía.