La medida se ejecutó durante la jornada de posesión del nuevo mandatario y concentró el movimiento de 103 internos que permanecían recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de 117 personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil, en una de las primeras decisiones de su administración en materia de seguridad y control penitenciario.
La operación fue ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, durante la jornada de posesión presidencial. De acuerdo con la información oficial, los internos fueron distribuidos en establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
Uno de los principales movimientos se produjo en la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia, de donde fueron trasladados 103 internos vinculados a estructuras criminales del Valle de Aburrá y a los procesos de negociación de paz urbana desarrollados en los últimos años.
Entre los nombres mencionados dentro del grupo se encuentran alias ‘Douglas’, ‘Carlos Pesebre’ y ‘El Indio’, señalados como integrantes de estructuras criminales con presencia en Medellín y otros municipios del departamento.
El operativo estuvo acompañado por un amplio despliegue de funcionarios del Inpec para garantizar la seguridad durante la salida y traslado de los internos. La movilización se produjo mientras avanzaban los actos oficiales relacionados con la posesión del nuevo presidente.
Cambio en la política penitenciaria
El Gobierno aseguró que la decisión busca fortalecer el control de los establecimientos penitenciarios y evitar que las organizaciones criminales continúen utilizando las cárceles como centros para coordinar o mantener actividades ilícitas.
La administración también señaló que el traslado hace parte de las primeras medidas encaminadas a recuperar el control permanente de las cárceles, garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales y elevar las condiciones de seguridad dentro del sistema penitenciario.
Con esta decisión, el nuevo Gobierno marca además un cambio frente a la estrategia de diálogo y negociación que se había desarrollado con diferentes estructuras criminales durante la administración anterior.
El Ejecutivo advirtió que las personas que pretendan utilizar los centros penitenciarios para mantener actividades criminales enfrentarán las acciones correspondientes de las autoridades.
La operación de traslado representa así una de las primeras señales de la política de seguridad anunciada por De la Espriella, quien ha planteado una estrategia centrada en el sometimiento a la justicia y en el fortalecimiento de la capacidad del Estado para combatir a las organizaciones criminales.
