El presidente Abelardo de la Espriella levantó la suspensión al porte de armas en Colombia que regía desde 2015, permitiendo que cerca de 700.000 ciudadanos con salvoconducto vigente puedan portar sus armas en el espacio público. La medida reactiva el marco legal de 1993 y reabre un intenso debate nacional entre sectores que defienden el derecho a la legítima defensa y expertos que advierten sobre los riesgos para la seguridad y la convivencia.
Ejes principales de la medida y reacciones
- Alcance de la normativa: Mediante el Decreto 1368, el Ejecutivo elimina la restricción general al porte de armas. La Casa de Nariño aclaró que la medida no constituye un libre comercio ni una autorización indiscriminada, puesto que se mantienen los controles previos de idoneidad, evaluaciones psicofísicas y la expedición de salvoconductos por parte del Estado.
- Argumentación oficial y apoyos: El Gobierno sostuvo que la prohibición previa desarmó a los ciudadanos respetuosos de la ley mientras las estructuras ilegales mantuvieron su armamento. Integrantes del Centro Democrático respaldaron el decreto, catalogándolo como una herramienta clave para la protección de la población civil frente al crimen organizado.
- Advertencias sobre trazabilidad e institucionalidad: Desde la oposición, el senador Ariel Ávila calificó la decisión como un retroceso, señalando que el aumento de armas circulantes incrementa el riesgo de que terminen en manos de bandas criminales por robo o pérdida de rastreo, utilizando como referencia el reciente deterioro de la seguridad en Ecuador.
- Impacto en la convivencia y la seguridad urbana: Analistas en seguridad, como Hugo Acero, señalaron que facultar a la ciudadanía para defenderse implica un reconocimiento implícito de la incapacidad del Estado para brindar protección. Asimismo, alertaron que el porte permanente de armas en las calles puede derivar en un aumento de desenlaces mortales durante altercados cotidianos, accidentes de tránsito o riñas de convivencia.
