El Ministerio de Vivienda anunció que la próxima semana comenzaría la entrega de subsidios de arriendo para las familias que tuvieron que abandonar sus viviendas debido a los daños ocasionados por el terremoto del pasado lunes.
El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, explicó que esta medida hace parte de la primera etapa del plan de atención y recuperación de las zonas afectadas. Además del apoyo para el pago del arriendo, se contempla un alivio en los servicios públicos para los hogares damnificados.
La entrega de estos recursos estará coordinada con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y las administraciones locales. Según el ministro, la asignación se realizará con base en la caracterización de las familias y de las viviendas afectadas que adelantan las autoridades.
En una segunda fase, el Gobierno espera concentrarse en la reparación de los inmuebles que puedan ser recuperados y en la construcción de nuevas viviendas para quienes perdieron sus hogares. Esta etapa estaría prevista para comenzar dentro de los próximos cuatro meses.
Beltrán explicó que el Ministerio de Vivienda cuenta actualmente con cerca de 40.000 millones de pesos para inversión, una cifra que considera insuficiente frente a las necesidades generadas por la emergencia en los cinco departamentos con mayores afectaciones.
Por esta razón, el Gobierno busca coordinar esfuerzos con las alcaldías, gobernaciones, organizaciones de cooperación internacional y empresas privadas. De acuerdo con el ministro, el sector empresarial ha ofrecido apoyo mediante el préstamo de maquinaria para remover escombros, la creación de un banco de materiales y recursos destinados a programas de mejoramiento y construcción de vivienda.
Las alcaldías y gobernaciones serán el principal enlace con las familias damnificadas. Estas entidades deberán recopilar la información sobre los daños, realizar la caracterización de los hogares y habilitar los mecanismos para que los afectados puedan solicitar los subsidios.
El Ministerio también prepara medidas para evitar que la emergencia sea utilizada para incrementar de manera desproporcionada los precios de los arriendos en las zonas afectadas. La intención es que las familias beneficiarias puedan acceder al apoyo sin enfrentar aumentos injustificados en los costos de vivienda.
