El Gobierno nacional anunció la declaratoria de emergencia económica como respuesta al archivo de la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República, una iniciativa considerada clave para asegurar los recursos necesarios del Presupuesto General de la Nación para el año 2026. La decisión fue confirmada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien explicó que la medida se adopta ante la gravedad de la situación fiscal que enfrenta el país, profundizada tras el rechazo del proyecto legislativo el pasado 9 de diciembre, durante una sesión conjunta de las Comisiones Económicas del Congreso.
Según el ministro, el hundimiento de la Ley de Financiamiento generó un faltante cercano a los 16 billones de pesos, recursos que estaban destinados a cubrir el déficit fiscal y a respaldar programas sociales fundamentales incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Ávila advirtió que la negativa del Legislativo dejó al Ejecutivo sin una fuente clave de ingresos, lo que obligó al Gobierno a recurrir a mecanismos constitucionales extraordinarios para preservar la estabilidad de las finanzas públicas y garantizar el funcionamiento del Estado.
En este contexto, el jefe de la cartera económica anunció que en las próximas horas el Gobierno presentará oficialmente el decreto que declara la emergencia económica, junto con los decretos reglamentarios que permitirán implementar medidas urgentes en materia fiscal y presupuestal. Estas disposiciones tendrán como objetivo inmediato responder al vacío financiero generado por la falta de aprobación de la reforma tributaria.
La declaratoria de emergencia económica faculta al Gobierno para expedir decretos con fuerza de ley por un tiempo limitado, lo que le permitirá realizar ajustes tributarios, reasignar partidas presupuestales y modificar el gasto público sin pasar por el trámite legislativo ordinario. Según el Ejecutivo, estas herramientas son necesarias para evitar un mayor deterioro de la situación fiscal, cumplir con las obligaciones del Estado y asegurar la continuidad de las políticas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables de la población.
El ministro Ávila reiteró que la ausencia de nuevos ingresos pone en serio riesgo la financiación de programas estratégicos del Gobierno, especialmente aquellos enfocados en reducción de la pobreza, acceso a derechos sociales y desarrollo territorial. En la misma línea, el presidente Gustavo Petro ha señalado que el archivo de la reforma tributaria implica que sectores con mayor capacidad económica continúen sin hacer los aportes necesarios al sistema fiscal, lo que, a su juicio, limita la posibilidad de una redistribución más equitativa de los recursos y afecta la sostenibilidad del modelo social propuesto por su administración.
En suma, la declaratoria de emergencia económica se presenta como una medida excepcional con la que el Gobierno busca sortear la falta de respaldo legislativo, asegurar el financiamiento del Presupuesto de 2026 y mantener en marcha sus principales compromisos sociales y económicos, en medio de un escenario de alta tensión política y fiscal.