Ante los hechos que vivenciamos hoy en día en nuestro país, la pregunta fundamental es: ¿Garantizan eficazmente las instituciones de gobierno el derecho a la salud, a la vivienda adecuada, a la alimentación suficiente, a la educación de calidad, a la justicia imparcial y a la seguridad personal?
Aunque no existe consenso internacional sobre la definición de “buena gobernanza”, su sentido podría abarcar las características siguientes: Respeto pleno de los derechos humanos, Estado de Derecho, participación efectiva, asociaciones de múltiples interesados, pluralismo político, procesos e instituciones transparentes que rindan cuentas, un sector público eficiente y eficaz, legitimidad, acceso al conocimiento, información y educación, empoderamiento político de la población, equidad, sostenibilidad, y actitudes y valores que fomenten la responsabilidad, la solidaridad y la tolerancia.
Así mismo, el concepto de gobernanza hace referencia a todos los procesos de gobierno, instituciones, procedimientos y prácticas mediante los que se deciden y regulan los asuntos que atañen al conjunto de la sociedad. La buena gobernanza añade una dimensión normativa o de evaluación al proceso de gobernar.
La buena gobernanza está vinculada a los procesos y resultados políticos e institucionales necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo. La auténtica prueba de una “buena gobernanza” es el grado en el que hace realidad la promesa de los derechos humanos: Derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
¿En qué consiste la buena gobernanza? El Consejo de Derechos Humanos ha definido los atributos esenciales de la buena gobernanza, a saber: Transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, participación, capacidad de respuesta (a las necesidades de la población).
Sin buena gobernanza no es posible proteger y respetar de manera sostenible los derechos humanos. Este comprende los marcos jurídicos y las instituciones adecuadas, así como los procesos políticos, administrativos y de gestión necesarios para responder a los derechos y las necesidades de la población.
Los vínculos entre la buena gobernanza y los derechos humanos pueden estructurarse en torno a cuatro ámbitos: Cuando están guiadas por valores de derechos humanos, las reformas de las instituciones democráticas orientadas a mejorar su gobernanza generan oportunidades para que la población pueda participar en la formulación de políticas, ya sea mediante instituciones formales o consultas informales.
En lo tocante al Estado de Derecho, las iniciativas de reforma legislativa y consolidación institucional basadas en los derechos humanos abarcan desde la mejora del sistema penal hasta los tribunales y parlamentos, con miras a perfeccionar la aplicación de la ley.
En la lucha contra la corrupción, los esfuerzos orientados a mejorar la gobernanza se basan en principios tales como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación, que permiten elaborar medidas contra esa lacra. Entre esas iniciativas pueden figurar la creación de instituciones tales como las comisiones anticorrupción, los mecanismos de intercambio de información, el monitoreo del uso de los fondos públicos y la ejecución de políticas a cargo del gobierno.