Un gobernante tiene siempre ideas que sirven de base para su trabajo. Si las ideas son buenas, promoverán el bien general de la gente. Si son malas, provocarán daños leves y en el peor de los casos, muy graves.
Es imposible que un gobernante deje de lado sus ideas. Si fue honesto, las habrá presentado en su programa de gobierno. Los ciudadanos le votaron en vista a ese programa: El gobernante elegido tiene el deber de respetar dicho programa y sobre todo cumplirlo.
Los problemas empiezan cuando el gobernante no se limita a poner en marcha sus ideas, sino que además busca imponerlas a todos. Eso ocurre cuando implementa mecanismos concretos para que sus ideas sean impuestas de modo más o menos agresivo a la gente, y para acallar a los que piensan de otra manera.
Por ejemplo, si busca leyes o medidas administrativas contra los que sostienen ideas diferentes y a favor de quienes apoyan las suyas. O si concede subvenciones a los medios afines al gobierno, mientras busca medidas que limiten o incluso silencien a los opositores.
Esos métodos muestran una actitud claramente totalitaria. En primer lugar, porque los gobernantes usan cargos públicos para promover agendas de grupo. En segundo lugar, porque dañan o incluso penalizan la sana pluralidad que caracteriza a las sociedades libres.
La tentación del poder daña a muchos, pero con un poco de sentido de justicia y una correcta visión de lo que significa gobernar se pueden evitar este tipo de actitudes. Porque un buen gobernante necesita recordar que el poder está orientado al bien común, no al servicio de las propias preferencias ideológicas en contra del legítimo pluralismo.
En una sociedad donde determinados grupos buscan silenciar a quienes defienden sus ideas, hace falta denunciar sus actuaciones totalitarias y promover ámbitos de libertad y de justicia. Entonces todas las ideas podrán ser expresadas y promovidas libremente, en el respeto de las exigencias del bien común y en vistas a una mejor comprensión de la realidad en la que vivimos.
Por desgracia, los gobernantes elegidos trabajan más por los intereses propios de su ideología, o incluso por intereses personales de políticos corruptos, que por el bien de la comunidad.
Desafortunadamente no contamos con mecanismos y sistemas eficaces de control para impedir que los políticos elegidos popularmente busquen objetivos injustos, o partidistas, o ideológicos.
Las malas decisiones de los gobernantes de turno pueden causar daños enormes a millones de personas. Con un esfuerzo continuo por mejorar los sistemas políticos democráticos será posible evitar este tipo de distorsiones que perjudican a todo un país.
En una sociedad como la nuestra, llena de injusticias, de sobornos, de chantajes, de corrupción, de favoritismos, de propuestas que exaltan a unos y denigran a otros, resulta especialmente urgente buscar modos concretos que permitan curar los corazones de quienes trabajan en los partidos políticos, para que tomen solamente decisiones de acuerdo a lo que la gente espera de ellos: Decisiones orientadas a promover la justicia y el bien común.