Tras una reunión extraordinaria, los mandatarios regionales coincidieron en que el Decreto 1474 representa un riesgo para la sostenibilidad fiscal de los departamentos, especialmente por los cambios planteados en el impuesto al consumo y el incremento del IVA del 5 % al 19 %. Según señalaron, estas decisiones comprometerían recursos fundamentales para sectores como salud, educación, deporte e inversión social.
La Federación Nacional de Departamentos informó que los gobernadores analizan las acciones jurídicas más adecuadas para frenar los efectos del decreto, incluida la posible aplicación de una excepción de inconstitucionalidad, al considerar que existe un riesgo cierto para la capacidad financiera de las administraciones territoriales.
En el caso de Boyacá, el gobernador Carlos Andrés Amaya explicó que la aplicación del decreto tendría un impacto directo sobre las rentas departamentales. A través de sus redes sociales, señaló que la posición de los departamentos no cuestiona la declaratoria de la emergencia económica, sino las consecuencias que algunas de las medidas tendrían sobre los ingresos que sostienen el funcionamiento de los territorios.
Amaya advirtió que el incremento del impuesto al consumo de licores podría elevar de forma significativa los precios al consumidor. Según los primeros cálculos, una botella de aguardiente que hoy cuesta en promedio 50.000 pesos podría llegar a costar hasta 80.000 pesos, afectando tanto a los ciudadanos como a la producción nacional de licores y a las finanzas departamentales que dependen de este ingreso.
