En nuestro país, los indígenas gozan frente a los demás colombianos de una gran variedad de prerrogativas y garantías que les otorga el Estado, en relación con otros sectores poblacionales.
“Los hijos de la Pacha Mama” (Madre Tierra), como ellos se definen, tienen fácil acceso a que por el gobierno, sea nacional, departamental o municipal, se los incluya de manera prioritaria dentro de los diferentes programas o políticas gubernamentales que se lleven a efecto. Por ejemplo, en salud, educación, vivienda, etc. Prácticamente son unos privilegiados.
Las comunidades indígenas asentadas en resguardos cuentan con su propia normatividad, la cual basada en sus usos y costumbres se encarga de regular su organización y convivencia. Su autonomía para decidir por sí mismas qué es lo que quieren y pretenden es de tal magnitud que los habitantes y gobernantes de otras entidades territoriales pareciera que les tuvieran envidia.
El máximo órgano de gobierno de los resguardos es El Cabildo. Este tiene entre sus funciones una que es sumamente importante: la elaboración del presupuesto de inversión con los recursos que les transfiere la Nación. El gobernador que se elige a través del voto popular es el responsable de ejecutarlo mediante la realización de obras y adelantando planes de bienestar común.
Sin embargo, se está observando que muchos gobernadores indígenas no cumplen a cabalidad con los objetivos y metas trazadas en el plan de inversión, en virtud a que con el auspicio de los demás integrantes del cabildo manejan y despilfarran el presupuesto como si se tratara de plata de bolsillo.
Además, como para ellos no existe un efectivo y acertado control oficial sobre el manejo de los dineros que se les entrega, sino aparentemente de sus comunidades que manipulan como más les parezca, se dan el lujo de no acatar ninguna norma y procedimiento de contratación administrativa. Todo lo hacen informalmente, so pretexto de que la palabra empeñada está por encima de cualquier cosa.
De allí que, en varias oportunidades los supuestos “contratistas” les dan en la cabeza a los gobernadores, al hacerles obras o venderles suministros de baja calidad. Pero eso sí a unos costos totalmente elevados. Será que los gobernadores también aplican el famoso “CVY” (¿cómo voy yo?), por instrucciones de los espíritus ancestrales. Quizás la luna tenga la respuesta.
Durante el mes de enero se llevó a efecto la posesión de los nuevos gobernadores indígenas, quienes al igual de los que hoy son tanto alcaldes como gobernadores llegaron a sus cargos con una serie de promesas e iniciativas dizque en favor de sus comunidades para la búsqueda de la famosa paz total con justicia social y equidad.
Ante lo que hacen o dejan de hacer los gobernadores, sería bueno que las propias comunidades indígenas despierten y reaccionen. Y que ejerzan un efectivo control de los recursos que les llegan para así evitar cualquier asomo de corrupción administrativa que empieza a detectarse en ese tipo de autoridades, quienes se están acostumbrando a aprovechar cualquier espacio que se les brinda a fin de llorar y llorar pobreza, a sabiendas que realizan lo que se les viene en gana con la plata que se les transfiere de otros colombianos que si pagan impuestos hasta más no poder.
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