La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, encendió las alarmas al denunciar que grupos disidentes de las FARC estarían realizando procesos de “carnetización” de habitantes en algunas zonas rurales, una práctica que, según las autoridades, podría utilizarse para ejercer control social y presión sobre las comunidades. La alerta se conoce en medio de preocupaciones por la presencia de grupos armados ilegales en varias regiones del país. Reportes recientes señalan que estructuras disidentes habrían obligado a campesinos a registrarse mediante carnés ilegales para controlar la movilidad y la población en áreas bajo su influencia. Según las denuncias conocidas, esta carnetización podría estar relacionada con mecanismos de vigilancia, control territorial e incluso posibles presiones en contextos electorales, aunque las investigaciones continúan para establecer el alcance real de estas actividades. Las autoridades departamentales y la Fuerza Pública han anunciado seguimiento especial a la situación, mientras se fortalecen los controles de seguridad en municipios donde se ha reportado presencia de grupos armados ilegales. Se trata de una denuncia grave que actualmente está siendo verificada por los organismos de seguridad y judiciales del país.
La Cinemateca de Bogotá Fontanar del Río dicta un taller gratuito
9 junio, 2026 09:40 am
