La Gobernación de Cundinamarca emitió un pronunciamiento oficial tras las masivas protestas ciudadanas generadas por el incremento en las tarifas del transporte intermunicipal que entró en vigencia durante la primera semana de enero de 2026. El gobernador Jorge Emilio Rey explicó en rueda de prensa que las tarifas del transporte público intermunicipal se rigen por el principio de libertad tarifaria establecido en la normativa vigente, lo que significa que cada empresa transportadora tiene autonomía para definir sus incrementos anuales basándose en estudios técnicos de costos operativos.
El mandatario departamental detalló que este marco legal dificulta la intervención directa de la Gobernación en la fijación de precios, ya que las empresas pueden ajustar sus tarifas considerando variables como el aumento del combustible, mantenimiento de vehículos, salarios de conductores y otros gastos operacionales. Sin embargo, Rey expresó su profunda preocupación por la situación que afecta directamente el bolsillo de miles de usuarios que dependen diariamente del transporte intermunicipal para desplazarse a sus lugares de trabajo, estudio o actividades cotidianas.
Ante esta situación, el gobernador anunció que solicitó formalmente la intervención de la Superintendencia de Transporte para que investigue a fondo si los aumentos reportados constituyen cobros excesivos, desmedidos o injustificados que puedan configurar un abuso hacia los usuarios. Las protestas se concentraron principalmente en municipios de la Sabana de Bogotá como Soacha, Facatativá, Zipaquirá, Chía y Mosquera, donde los usuarios manifestaron su inconformidad con incrementos que en algunos casos llegaron hasta el 20% respecto a las tarifas de diciembre de 2025.
Organizaciones de usuarios del transporte han señalado que estos aumentos no fueron socializados adecuadamente ni cuentan con la debida justificación técnica, lo que ha generado malestar generalizado. La Gobernación también anunció que conformará una mesa técnica con representantes de las empresas transportadoras, usuarios y autoridades de tránsito para buscar soluciones concertadas que equilibren la sostenibilidad financiera del servicio con la capacidad de pago de los usuarios.
