La controversia surgió tras los cuestionamientos presentados por el diputado Carlos Torres.
El Gobierno de Boyacá respondió a los cuestionamientos formulados por el diputado Carlos Torres sobre la venta de un inmueble de propiedad del departamento ubicado en el Centro Empresarial Green Hills de Tunja.
A través de la Secretaría de Contratación, la administración departamental aseguró que el proceso de enajenación se desarrolló conforme a la normatividad vigente y bajo principios de transparencia.
El secretario de Contratación, Jorge Mario Ibáñez Arango, indicó que las afirmaciones sobre presuntas irregularidades no corresponden a la realidad del procedimiento adelantado por la Gobernación.
Explicó que la venta del inmueble contó previamente con la autorización de la Asamblea de Boyacá y que el valor comercial fue determinado mediante un avalúo técnico realizado por un perito inscrito en el Registro Nacional de Avaluadores.
Según la información oficial, el estudio estableció un valor de 1.963 millones de pesos para el inmueble. Sin embargo, la negociación se concretó por 2.100 millones de pesos, es decir, por una cifra superior al avalúo comercial realizado por el experto.
La administración departamental también aclaró que el proceso fue público y estuvo abierto a cualquier ciudadano interesado, a través de los mecanismos establecidos para la venta de bienes estatales.
De esta manera, sostuvo que se garantiza la igualdad de condiciones y el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para este tipo de actuaciones. Frente a las observaciones relacionadas con la antigüedad del inmueble, Ibáñez explicó que la información mencionada en los documentos técnicos corresponde a criterios contables sobre la vida útil del bien y no al tiempo real de construcción de la edificación. Asimismo, precisó que la actuación promovida por el diputado corresponde a una solicitud de revocatoria directa y no a observaciones dentro del proceso contractual.
