Gloria Miranda ha captado la atención del país tras su intervención en el último Consejo de Ministros del Gobierno de Gustavo Petro, donde presentó una ambiciosa propuesta de sustitución de cultivos de uso ilícito para la región del Catatumbo. Su discurso la convirtió en tendencia en redes sociales, y muchos colombianos se preguntan quién es esta joven de mirada firme que lidera el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
Un plan con enfoque social
Durante su intervención, Miranda anunció la estrategia de erradicación voluntaria de 25.000 hectáreas de coca en el Catatumbo, basada en un esquema de ‘pagos por erradicación voluntaria’. Este modelo propone otorgar a los campesinos 1.280.000 pesos mensuales, equivalentes al 90% de un salario mínimo, durante 12 meses. El objetivo es garantizar su estabilidad económica mientras transitan hacia cultivos alternativos y sostenibles.
¿Quién es Gloria Miranda?
Miranda es historiadora con estudios en ciencia política y construcción de paz, además de especialista en Economía de la Universidad de los Andes. Su trayectoria en el sector público es extensa: trabajó en la Dirección de Política contra las Drogas del Ministerio de Justicia desde 2022 y fue asesora en el Senado entre 2018 y 2022. También colaboró en la formulación del proyecto de ley para la regulación del consumo de cannabis recreativo en adultos.
Su cercanía con el exsenador Gustavo Bolívar ha sido clave en su carrera, pues trabajó en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y ha estado vinculada a diversas iniciativas de transformación social y política.
Un perfil con repercusión mediática
No es la primera vez que Miranda se vuelve viral. En 2023, sus selfies durante una visita oficial al Cauca, en medio de una crisis de orden público, generaron controversia. Mientras algunos defendieron su autenticidad, sectores de la oposición criticaron la difusión de estas imágenes, considerándolas inapropiadas ante la gravedad del contexto.
Ahora, con el reto de liderar el PNIS, Miranda enfrenta el desafío de demostrar que su estrategia puede marcar un punto de inflexión en la lucha contra las economías ilícitas, brindando alternativas reales y sostenibles a las comunidades rurales de Colombia.