El 24 de octubre de 2025, el gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones económicas al presidente colombiano Gustavo Petro, a su esposa, a su hijo y al ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, por presuntas vinculaciones con el narcotráfico — señalando que la administración de Petro habría permitido la expansión de la producción de cocaína con destino al mercado estadounidense.
Contexto
La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro de EE.UU., que calificó al mandatario colombiano de permitir “que los carteles de drogas prosperaran” y de no haber cumplido con detener el flujo de cocaína hacia territorio estadounidense. En concreto, las sanciones congelan los activos en territorio estadounidense de las personas señaladas y prohíben a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras con ellas.
Este tipo de sanción contra un jefe de Estado es poco habitual, aunque no sin precedentes en la diplomacia estadounidense.
Qué reprocha Estados Unidos
La acusación central es que desde que Petro asumió la presidencia, la producción de cocaína en Colombia habría alcanzado niveles “más altos en décadas” y que el gobierno colombiano no ha logrado frenar el crecimiento de cultivos ilícitos ni la capacidad de los carteles para llevar esa producción hacia EE.UU.
Asimismo, se destaca que la relación bilateral entre los dos países ya se encontraba tensa: el gobierno de Donald Trump había denunciado previamente violaciones por parte de Colombia en cooperación antidrogas, suspendido parte de la ayuda militar y revocado visados en contra del presidente colombiano tras sus críticas a acciones estadounidenses.
Respuesta de Colombia
El gobierno de Petro rechazó de forma enérgica las sanciones. Petro afirmó que su administración había logrado incautaciones récord de cocaína y que la expansión de los cultivos de hoja de coca se había reducido año tras año desde 2021. Aseguró asimismo que la acción estadounidense era una “paradoja” y que tenía motivaciones políticas.
Benedetti, por su parte, calificó la sanción como injusta: argumentó que su único “pecado” fue expresar que Petro no era narcotraficante, lo cual —según él— muestra que la “guerra antidrogas” de EE.UU. se ha convertido en un “espectáculo”.
Implicaciones diplomáticas y regionales
La medida representa un profundo deterioro en las relaciones entre EE.UU. y Colombia, uno de sus aliados tradicionales en Latinoamérica. Analistas advierten que puede haber efectos de largo plazo: desde reducción de la cooperación en inteligencia y seguridad hasta impacto en los flujos de ayuda, inversiones y estabilidad regional.
En la región, la sanción se interpreta como un mensaje fuerte del gobierno estadounidense sobre su disposición a intervenir en gobiernos latinoamericanos que, según ellos, no cumplen con los estándares del combate al narcotráfico. Esto genera reflexiones sobre soberanía, autonomía en la lucha contra las drogas y el papel de los Estados Unidos en América Latina.
Repercusiones para Colombia
Para Colombia, las sanciones podrían traducirse en:
- Pérdida o congelamiento de activos de los sancionados en EE.UU., limitando su capacidad de operar internacionalmente.
- Potenciales restricciones financieras y comerciales que podrían afectar la economía colombiana, al menos indirectamente.
- Un golpe político al gobierno de Petro, que tendrá que responder ante la opinión pública nacional e internacional.
- Riesgo de aislamiento en materia de cooperación internacional en materia de narcóticos, seguridad y finanzas.
¿Qué sigue?
Colombia ha anunciado que contratará asesores legales en EE.UU. para responder a las sanciones y hará gestiones diplomáticas para revertir o mitigar su impacto. Washington, por su parte, aún debe decidir si suspende o limita más la ayuda a Bogotá —algo que ya se había anunciado parcialmente.
Se espera que en los próximos días ambos gobiernos realicen intercambios diplomáticos intensos. También es probable que el tema ocupe un lugar central en la escena política colombiana, dado que la sanción va dirigida al presidente y su entorno más cercano.
Conclusión
La sanción de EE.UU. al presidente colombiano Gustavo Petro marca un punto de inflexión en la relación bilateral. Más allá de los aspectos personales o del entorno político inmediato, lo que está en juego es el futuro del combate al narcotráfico, la independencia diplomática de los países latinoamericanos y la influencia de Estados Unidos en la región. Como dijo Petro, la cuestión no es solo legal, sino “de soberanía”. Y en ese sentido, tanto Colombia como la comunidad internacional observarán cuidadosamente los próximos pasos de ambas partes.