La justicia colombiana ordenó el envío a prisión de Luis Carlos Vélez Romero, abogado y gestor de paz designado durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que la Fiscalía General de la Nación lo señalara como presunto integrante de una estructura dedicada al narcotráfico que habría utilizado vehículos oficiales de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para movilizar cargamentos de cocaína.
La decisión judicial representa un nuevo capítulo dentro del denominado caso del «narcochofer» de la UNP, una investigación que desde 2022 ha revelado presuntas redes de corrupción y tráfico de drogas que involucrarían funcionarios, contratistas y particulares relacionados con esa entidad estatal.
La acusación de la Fiscalía
Durante las audiencias de solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía sostuvo que existen suficientes elementos materiales probatorios para inferir que Vélez Romero habría desempeñado un papel relevante dentro de una organización criminal dedicada al transporte y comercialización de cocaína y marihuana.
Según el ente acusador, el abogado habría participado como coordinador logístico y financiero de la estructura, además de ser señalado como uno de los presuntos propietarios de varios cargamentos de droga movilizados por la organización.
La investigación señala que la red habría realizado al menos once operaciones de transporte de estupefacientes hacia departamentos como Antioquia, Meta, Huila y La Guajira, movilizando cerca de tres toneladas de cocaína.
El testimonio del ‘narcochofer’
Uno de los principales elementos presentados por la Fiscalía corresponde a la colaboración de Manuel Antonio Castañeda, conocido públicamente como el «narcochofer» de la UNP, quien fue capturado en diciembre de 2022 cuando transportaba 168 kilogramos de cocaína en una camioneta oficial de esa entidad.
Castañeda aseguró ante las autoridades que Luis Carlos Vélez era uno de los coordinadores de la organización y que tenía participación tanto en la planeación como en la financiación de las operaciones de narcotráfico.
Además, según la investigación, Vélez habría financiado la defensa jurídica del conductor después de su captura, con el supuesto propósito de impedir que revelara información sobre la organización criminal.
Las pruebas presentadas
La Fiscalía indicó que el expediente incluye un amplio conjunto de evidencias que respaldarían las acusaciones.
Entre ellas se encuentran:
- Interceptaciones telefónicas.
- Conversaciones mediante aplicaciones de mensajería cifrada.
- Registros bancarios y consignaciones.
- Declaraciones de varios testigos.
- Más de 570 registros asociados a líneas telefónicas presuntamente utilizadas por integrantes de la organización.
- Evidencia de reuniones entre Vélez y Manuel Castañeda realizadas en Bogotá durante 2022.
De acuerdo con el ente investigador, estos elementos permiten inferir la existencia de una estructura organizada dedicada al tráfico de estupefacientes.
La polémica por su nombramiento como gestor de paz
Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la audiencia fue la condición de Luis Carlos Vélez como gestor de paz.
La Fiscalía señaló que fue designado mediante la Resolución 043 del 13 de octubre de 2022. Sin embargo, sostuvo que durante la investigación encontró inconsistencias respecto a los documentos que respaldaron dicho nombramiento.
Según lo expuesto en audiencia, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no habría entregado soportes suficientes para justificar la designación, aspecto que también fue mencionado por los investigadores dentro del proceso.
La defensa rechaza las acusaciones
Los abogados de Vélez Romero negaron los señalamientos realizados por la Fiscalía.
La defensa sostuvo que buena parte de la acusación descansa sobre el testimonio de Manuel Antonio Castañeda, a quien calificó como un testigo poco confiable.
Igualmente, argumentó que cualquier irregularidad administrativa relacionada con la documentación del nombramiento como gestor de paz no puede ser atribuida directamente a su cliente.
Hasta el momento, Vélez mantiene su presunción de inocencia mientras avanza el proceso penal en su contra.
El caso del ‘narcochofer’ de la UNP
El proceso judicial tiene origen en la captura de Manuel Antonio Castañeda el 10 de diciembre de 2022, cuando transportaba cocaína en una camioneta oficial de la Unidad Nacional de Protección.
La investigación reveló que el vehículo hacía parte de un esquema oficial y que el conductor incluso habría intentado sobornar a los policías que realizaron el procedimiento.
Posteriormente, las pesquisas llevaron a la judicialización de otros funcionarios y contratistas presuntamente relacionados con el uso irregular de vehículos oficiales para transportar droga y facilitar actividades del crimen organizado.
Un proceso que continúa
Con la decisión de enviar a prisión preventiva a Luis Carlos Vélez Romero, la Fiscalía busca evitar posibles riesgos para el desarrollo de la investigación mientras continúan las diligencias judiciales.
Las autoridades también informaron que siguen tras la pista de otros presuntos integrantes de la estructura criminal, entre ellos un hombre conocido con el alias de «JJ», quien continúa siendo buscado.
El proceso apenas entra en una nueva etapa y será la justicia colombiana la encargada de determinar la responsabilidad penal de los investigados mediante las pruebas que sean debatidas durante el juicio. Mientras tanto, todos los procesados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria en firme.
