La transformación de los espacios urbanos es inevitable. Nada puede permanecer estático para siempre. Es una tendencia histórica. Según la CEPAL, mientras la población urbana de 1950 en América Latina era solo el 41%, para 2010 ya iba en un 80%, y para 2050 será del 90%.
No obstante, la gentrificación está convirtiéndose en un punto de dolor para muchas ciudades de Colombia, como Medellín o Cartagena de Indias, que han experimentado en los últimos años transformaciones aceleradas en sectores tradicionalmente residenciales, donde el aumento del turismo, la inversión inmobiliaria y los cambios en la oferta comercial han disparado el valor de la vivienda y modificado la vida cotidiana de quienes siempre han habitado estos espacios.
Los culpables, para muchos, son los turistas extranjeros, los alquileres temporales y la llegada de nómadas digitales a ciertos barrios. Sin embargo, este no puede reducirse solo a estos fenómenos. Así lo explica Daniel Jato Espino, docente de la Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Internacional de Valencia – VIU, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades.
«Aunque el turismo y los nómadas digitales pueden intensificar el fenómeno en ciertos barrios, la evidencia apunta a que la gentrificación tiene un carácter más estructural», explica. «Es un proceso más complejo que tiene que ver con cómo funciona el mercado de la vivienda, con el atractivo de determinados barrios y con decisiones y planificación urbanísticas».
Uno de los factores centrales es el papel que juegan los propietarios y la especulación inmobiliaria. Cuando se hacen mejoras urbanas y aparecen nuevos comercios que brindan mayor visibilidad a una zona, las expectativas de rentabilidad aumentan.
Ahí es cuando muchos inmuebles dejan de pensarse como espacios para vivir y pasan a entenderse principalmente como activos financieros o turísticos, lo que reduce la disponibilidad de vivienda asequible para los residentes tradicionales.
Pero más allá de la responsabilidad que tienen los propietarios que buscan mayores beneficios, las políticas públicas también tienen un peso determinante. Si no hay regulación o mecanismos de protección social, se acelera el desplazamiento de habitantes originales, incluso en proyectos urbanos que inicialmente buscan mejorar la calidad de vida de estos.
La regeneración de barrios o la renovación del espacio público pueden aumentar el atractivo de una zona, pero estas intervenciones deben estar acompañadas de medidas de protección para que los beneficios no se concentren solo en ciertos sectores de la población.
Por eso, según advierte el experto de VIU, no se debe cuestionar únicamente el turismo o la llegada de extranjeros. Esta movilidad es inevitable, y saludable para las ciudades. Lo que se debe hacer es analizar cómo se están planificando las ciudades y quiénes terminan beneficiándose realmente de esas transformaciones.
Existen alternativas para equilibrar desarrollo económico y sostenibilidad social, como garantizar vivienda asequible en zonas en transformación, regular el mercado del alquiler en sectores altamente presionados, proteger el comercio local y fortalecer la participación vecinal en la planificación urbana.
«Es clave hacer seguimiento de indicadores relacionados con el precio de la vivienda y el perfil demográfico y socioeconómico de la población para evitar que los beneficios de las iniciativas de regeneración urbana se concentren solo en determinados grupos», advierte Daniel Jato. «De lo contrario, existe un riesgo de que el desarrollo económico del barrio se produzca a costa de la expulsión de sus residentes originales».
Los gobiernos siguen buscando atraer inversión, turismo y talento nacional, y para que los pobladores originales no enciendan sus alarmas, es importante encontrar un equilibrio entre modernización urbana y derecho a permanecer en los territorios, evitando que el desarrollo termine convirtiéndose en una forma silenciosa de exclusión.
