El pasado 11 de febrero de 2026, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó el Decreto 0147, mediante el cual ordenó el retiro del servicio activo del brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, quien se desempeñaba como comandante de la Policía Metropolitana de Cali. La decisión, comunicada sin mayores detalles oficiales, generó de inmediato una fuerte controversia política y mediática.
El origen: un correo anónimo
La medida no surgió de una investigación judicial formal, sino que se apoyó —según revelaciones periodísticas— en un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) basado en un correo electrónico anónimo enviado a una organización política cercana al presidente.
Ese correo, cuya procedencia real se desconoce, señalaba que desde Barranquilla se fraguaba un complot en contra del presidente Petro y del ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de la supuesta siembra de drogas en el vehículo presidencial con el objetivo de desprestigiar al jefe de Estado.
Aunque la propia DNI incorporó el mensaje en su reporte, no anexó pruebas verificables ni constató los hechos denunciados, lo que ha despertado críticas sobre la robustez de la información que terminó motivando decisiones tan graves para la carrera de un oficial de alto rango.
Las acusaciones directas de Petro
Durante un consejo de ministros en Córdoba, Petro afirmó que “hay un general que ordené retirar […] alguien le dio la orden —no obviamente nosotros— para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”, y vinculó ese presunto plan con la idea de torpedear una reunión entre Colombia y Estados Unidos, liderada por el mandatario en la Casa Blanca.
Aunque el presidente no mencionó el nombre de Urrego en ese momento, varios medios identificaron al general como el oficial en cuestión, a raíz del posterior decreto que formalizó su retiro de la Policía.
La respuesta de Urrego
El general Urrego rechazó tajantemente los señalamientos. Ha calificado la acusación como “una desinformación” y subrayó que nunca ha tenido acceso al esquema de vehículos presidenciales, cuyo manejo y seguridad están a cargo de Casa Militar.
En declaraciones públicas, Urrego afirmó que no recibió ninguna notificación formal sobre investigación alguna en su contra antes de la orden de retiro y se mostró dispuesto incluso a someterse a pruebas como el polígrafo para demostrar su inocencia.
Además, anunció que buscará acciones legales para “limpiar su nombre” y esclarecer quién proporcionó la información errónea que, según él, costó su carrera.
Debate político y judicial
El caso rápidamente se convirtió en un foco de discusión política:
- El ministro del Interior, Armando Benedetti, negó cualquier relación personal con la salida de Urrego y sostuvo que la decisión se basó exclusivamente en el informe de inteligencia.
- Algunos sectores consideran que apoyar decisiones disciplinarias en correos anónimos sin respaldo fáctico puede debilitar la credibilidad de las instituciones de inteligencia y abrir la puerta a manipulaciones políticas con consecuencias graves para los institucionales.
- Otros enfatizan la importancia de reforzar los mecanismos de verificación y control interno para evitar que este tipo de informes deriven en sanciones prematuras.
Balance de la situación
Este episodio pone sobre la mesa varios temas delicados: el uso de informes de inteligencia en decisiones de alto impacto político, la protección de la reputación y derechos de los funcionarios públicos, y los límites entre la seguridad del Estado y la política partidaria.
Mientras el general Urrego prepara acciones legales y la discusión pública continúa, el caso seguirá siendo un termómetro de cómo se manejan las informaciones sensibles dentro del actual gobierno y sus implicaciones para la relación entre el Estado y las fuerzas de seguridad.
