El general retirado Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, reconocido por haber ocupado cargos de alto rango en la Policía Nacional de Colombia, enfrenta un nuevo capítulo judicial que podría dejarlo por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Santoyo, quien fue jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe Vélez durante su primer mandato, ha sido señalado por incumplir los compromisos adquiridos con el sistema transicional, compromisos que asumió a su ingreso con el fin de obtener beneficios y contribuir al esclarecimiento del conflicto armado.
Crímenes
Santoyo fue noticia nacional en 2012 cuando se declaró culpable ante una corte en Estados Unidos por haber colaborado con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), consideradas en ese país como una organización terrorista. Entre 1997 y 2001, periodo en el que se desempeñaba como comandante del Gaula de la Policía en Antioquia, habría entregado información confidencial de las autoridades a las AUC, facilitando secuestros, homicidios y desapariciones forzadas. Dentro de esos crímenes figuran casos emblemáticos, como los de los defensores de derechos humanos Claudia Monsalve y Ángel Quintero.
Tras su condena a 13 años de prisión en Estados Unidos —pena reducida por colaborar con información sobre el grupo paramilitar—, Santoyo fue deportado a Colombia para continuar enfrentando sus procesos legales. En el país se acogió a la JEP con la obligación de aportar verdad plena, contribuir a la reparación de las víctimas y comprometerse con la no repetición.
Sin embargo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas registró múltiples alertas sobre la insuficiencia de sus aportes. En marzo de 2025 se abrió el primer reporte de incumplimiento tras determinarse que la información entregada no correspondía con el nivel de conocimiento que Santoyo tendría por su cargo y rol en la Policía Nacional. Debido a esto, fue citado a una audiencia pública para los días 20 y 21 de noviembre en Bogotá, donde se evaluará si ha incumplido el régimen de condicionalidad.
Sin aportes
La JEP advirtió que, de comprobarse el incumplimiento, Santoyo podría perder sus beneficios judiciales y su caso pasaría a la justicia ordinaria. Aunque su defensa ha presentado pruebas de su participación en actividades de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), será la Sala quien determine si estos aportes cumplen con los estándares exigidos por el sistema transicional.
