Captura por dinero ilegal desata investigación disciplinaria.
Un nuevo escándalo sacude a la Secretaría de Tránsito de Duitama y vuelve a encender las alarmas sobre posibles prácticas irregulares dentro de una de las dependencias más sensibles para la ciudadanía. La captura en flagrancia de un inspector, señalado de presuntamente exigir dinero a cambio de favorecer a un ciudadano en un comparendo, no solo desató indignación, sino que abrió la puerta a una investigación que podría revelar más hechos similares.
El caso se remonta al pasado 9 de abril, cuando fue detenido el entonces inspector Wilson Alexander Camargo, quien, según las autoridades, habría solicitado cinco millones de pesos para intervenir en un proceso sancionatorio relacionado con infracciones de tránsito. La denuncia, de acuerdo con la Fiscalía, venía desde septiembre de 2025, pero solo hasta ahora se logró concretar el operativo que permitió evidenciar el presunto acto de corrupción.
Tras varios días de cuestionamientos por su silencio, el personero de Duitama, Felipe Acosta, confirmó que su despacho abrió una investigación disciplinaria el lunes 13 de abril. Según explicó, la actuación se inició de oficio, es decir, sin una queja formal previa, luego de conocer los hechos a través de medios de comunicación. El funcionario defendió su prudencia inicial, asegurando que se trató de una decisión orientada a respetar el debido proceso y evitar interferencias en la recolección de pruebas.
No obstante, lo que más preocupa es que este no sería un hecho aislado. El propio personero reveló que actualmente existen otros procesos en curso relacionados con la Secretaría de Tránsito, lo que refuerza la percepción de posibles fallas estructurales en los controles internos. Esta situación ha generado una fuerte reacción ciudadana, pues muchos consideran que se trata de un patrón que se repite y que no ha sido corregido a tiempo.
El impacto del escándalo va más allá del caso puntual. La confianza de los ciudadanos en las instituciones se ve seriamente afectada cuando quienes deben hacer cumplir la ley terminan señalados de vulnerarla. “Para cobrar sí son puntuales, pero para responder ante estos hechos, el silencio es lo que más molesta”, es una de las críticas que se escuchan entre la comunidad.
Acosta fue claro en que será la investigación la que determine responsabilidades individuales y posibles sanciones. También anunció que se trabajará de manera articulada con la Fiscalía, entidad que adelanta el proceso penal, para esclarecer completamente los hechos. Asimismo, hizo un llamado directo a la administración municipal para revisar a fondo lo que ocurre dentro de la dependencia y fortalecer los mecanismos de control.
El funcionario no ocultó su preocupación por la reiteración de estos episodios, recordando que situaciones similares ya se habían presentado anteriormente. Este antecedente agrava aún más el panorama y aumenta la presión sobre las autoridades para que se tomen medidas contundentes.
Por ahora, la ciudad permanece a la expectativa de los resultados de la investigación. Lo que comenzó como la captura de un funcionario podría convertirse en la punta del iceberg de un problema mayor. Mientras tanto, el escándalo sigue creciendo y deja en evidencia la urgencia de recuperar la confianza en las instituciones
