
El Gobierno de Colombia avanza en su intención de recuperar la aspersión aérea como una de las herramientas para combatir los cultivos de coca, en medio de una nueva estrategia contra el narcotráfico. Sin embargo, el plan acaba de enfrentar un importante revés judicial: un juez de Puerto Asís suspendió la aspersión aérea con glufosinato de amonio en todo el departamento de Putumayo.
La decisión judicial se conoce pocos días después de que el Consejo Nacional de Estupefacientes autorizara un plan piloto para evaluar el uso de este herbicida desde aeronaves.
¿En qué consiste el plan?
La iniciativa contempla un ensayo controlado para determinar si el glufosinato de amonio puede utilizarse como alternativa para la erradicación aérea de cultivos ilícitos.
De acuerdo con la resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes, la prueba tendría una duración máxima de siete días y podría abarcar hasta 1.000 hectáreas. La aplicación se realizaría mediante aeronaves tripuladas.
El Gobierno mantiene bajo reserva la ubicación exacta de las zonas donde se pretendía desarrollar el ensayo, argumentando razones de seguridad y el riesgo de posibles acciones de organizaciones dedicadas al narcotráfico.
La normativa establece además restricciones para evitar la aplicación en áreas protegidas y en territorios con presencia de comunidades étnicas cuando no se haya cumplido previamente el proceso de consulta correspondiente.
¿Por qué el Gobierno quiere volver a fumigar desde el aire?
La decisión se produce en un momento de preocupación por el crecimiento de los cultivos de coca en Colombia.
Según el más reciente monitoreo citado en la resolución, el país alcanzó unas 261.000 hectáreas de cultivos de coca en 2024, mientras que la erradicación manual forzosa registró una fuerte reducción frente al año anterior.
Ante este panorama, la administración de Abelardo de la Espriella ha planteado recuperar herramientas de erradicación aérea que habían quedado prácticamente fuera de la estrategia antidrogas durante los últimos años.
El Gobierno también abrió nuevamente la puerta al uso del glifosato después de derogar, a finales de agosto, la resolución que mantenía suspendida su utilización para la aspersión aérea. Sin embargo, el nuevo piloto autorizado no contempla glifosato, sino glufosinato de amonio.
¿Qué es el glufosinato de amonio?
El glufosinato de amonio es un herbicida utilizado para controlar diferentes tipos de vegetación. En Colombia ya cuenta con autorización para determinadas actividades de erradicación terrestre, pero el Gobierno busca ahora evaluar sus características cuando sea aplicado desde aeronaves.
La prueba pretende establecer aspectos como su eficacia sobre los cultivos de coca, las condiciones de aplicación y los posibles efectos derivados de la dispersión del producto.
Uno de los principales interrogantes está relacionado precisamente con la llamada deriva: el desplazamiento del producto por efecto del viento hacia zonas cercanas a los cultivos fumigados, incluidas fuentes de agua, cultivos legales y comunidades.
El requisito ambiental que todavía falta
La autorización política del piloto no significa que las avionetas puedan comenzar inmediatamente a fumigar.
Antes de ejecutar la prueba deben cumplirse diferentes requisitos ambientales y administrativos, entre ellos los relacionados con el manejo ambiental que debe ser evaluado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.
El objetivo es determinar las condiciones bajo las cuales una aplicación aérea podría realizarse y establecer medidas para reducir los posibles impactos ambientales y sobre las comunidades.
Precisamente, la diferencia entre la aplicación terrestre y la aérea constituye uno de los puntos centrales de la discusión: desde el aire existe un mayor riesgo de dispersión del producto por factores como el viento.
Juez de Puerto Asís frena el plan en Putumayo
La discusión tomó un nuevo rumbo con la decisión de un juez de Puerto Asís que ordenó suspender la aspersión aérea con glufosinato de amonio en todo Putumayo.
La medida respondió a una acción de tutela presentada por Jhonatan Enrique Meneses Valencia, representante de la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social.
El recurso argumentó posibles afectaciones a derechos fundamentales relacionados con la salud, el acceso al agua y un ambiente sano.
El fallo representa, por ahora, un obstáculo para la estrategia del Gobierno, particularmente porque Putumayo es uno de los departamentos que concentra importantes zonas de cultivos ilícitos y donde el debate sobre las estrategias de erradicación ha sido especialmente intenso.
Una polémica que vuelve a poner a la fumigación en el centro del debate
El regreso de la aspersión aérea ha generado una fuerte discusión política, ambiental y jurídica.
Quienes respaldan la medida consideran que el Estado necesita recuperar herramientas para enfrentar el crecimiento de los cultivos de coca y combatir las estructuras que se benefician del narcotráfico.
Los críticos, por su parte, cuestionan los posibles efectos sobre la salud humana, el medio ambiente, las fuentes de agua y los cultivos lícitos que puedan encontrarse cerca de las áreas intervenidas.
Además, especialistas han expresado dudas sobre la eficacia del glufosinato frente a la coca y han advertido que cambiar un herbicida por otro no necesariamente garantiza una reducción significativa de los cultivos.
Un nuevo capítulo de la política antidrogas
La decisión del Gobierno marca un cambio frente a la estrategia implementada durante los últimos años, cuando la aspersión aérea con glifosato permaneció suspendida y se dio mayor énfasis a otras modalidades de erradicación.
Ahora, la administración de De la Espriella busca evaluar nuevamente la utilización de químicos desde el aire.
Sin embargo, el camino todavía está lejos de ser definitivo. El cumplimiento de los requisitos ambientales, las restricciones establecidas por las autoridades y los procesos judiciales podrían determinar si el piloto finalmente se lleva a cabo.
Por ahora, la suspensión ordenada en Putumayo convierte a los tribunales en uno de los escenarios decisivos para definir el futuro de la nueva política de fumigación aérea en Colombia.


