Juan Carlos Sánchez Rincón, alcalde/foto: archivo particular.
Un Juzgado Administrativo de Tunja, mediante una sentencia de primera instancia dentro de una acción popular, amparó los derechos e intereses colectivos relacionados con la protección del medio ambiente, el espacio público y el desarrollo urbanístico en el municipio de Santana, Boyacá, tras analizar presuntas afectaciones derivadas del funcionamiento de una granja porcícola ubicada en la vereda San Martín.
Órdenes
La decisión judicial impuso una serie de obligaciones tanto a los propietarios del establecimiento como a las autoridades encargadas del control ambiental, sanitario y urbanístico, con el propósito de corregir las situaciones identificadas durante el proceso y prevenir nuevas afectaciones en la zona.
Entre las principales medidas se encuentra la gestión y obtención de los permisos ambientales requeridos para el desarrollo de la actividad porcícola, así como la implementación de un plan integral para el manejo de plagas y vectores que puedan generar riesgos para la comunidad y el entorno.
El fallo también ordena adelantar los trámites necesarios para la obtención de las licencias urbanísticas correspondientes y adoptar acciones orientadas a proteger el drenaje natural existente en el sector, considerado un elemento importante para la conservación de las condiciones ambientales de la vereda. De igual manera, las entidades competentes deberán realizar labores periódicas de inspección, vigilancia y control sobre el funcionamiento de la granja y presentar informes sobre el cumplimiento de las medidas ordenadas por el despacho judicial.
Seguimiento
La sentencia dispuso la conformación de un comité de verificación encargado de supervisar la ejecución de las órdenes y evaluar los avances alcanzados por las diferentes entidades involucradas en el proceso.
Dentro de este seguimiento tendrán participación la autoridad ambiental, organismos de control y la administración municipal encabezada por el alcalde Juan Carlos Sánchez Rincón, quien deberá coordinar las acciones que correspondan al municipio dentro del cumplimiento del fallo.
El juzgado también exhortó a las autoridades locales a fortalecer las estrategias de protección ambiental y de defensa de los derechos colectivos en el territorio. Al tratarse de una sentencia de primera instancia, la decisión aún no se encuentra en firme y podrá ser objeto de los recursos contemplados por la legislación colombiana.
