Entre los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, Colombia ha vivido una paradoja en materia de seguridad: mientras los grupos armados ilegales se fragmentaron en múltiples facciones, también ampliaron su capacidad militar, económica y territorial. Informes recientes de organizaciones especializadas advierten que el país enfrenta hoy un mapa criminal más disperso, complejo y difícil de controlar.
El informe “El poder armado en expansión”, publicado por la Fundación CORE, señala que entre 2018 y 2025 varias estructuras ilegales sufrieron divisiones internas, disputas de mando y rupturas organizativas. Sin embargo, estas fracturas no debilitaron su poder; por el contrario, facilitaron la expansión de nuevas facciones en distintas regiones del país.
Entre los grupos que más crecieron aparecen el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo y las disidencias de las antiguas FARC, hoy divididas en estructuras como el Estado Mayor Central (EMC), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Según reportes recientes, estas organizaciones fortalecieron su presencia gracias al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el control de corredores estratégicos.
La expansión de estos actores armados ha tenido fuertes consecuencias humanitarias. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que Colombia atraviesa la peor crisis humanitaria de la última década, con aumentos alarmantes en desplazamientos, confinamientos y ataques contra civiles.
En regiones como Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Guaviare, las disputas entre facciones armadas han intensificado los combates y las masacres. Solo en 2026 se han registrado múltiples ataques atribuidos a disidencias y guerrillas, mientras continúan los cuestionamientos sobre la efectividad de la política de “Paz Total” impulsada por el Gobierno Petro.
Expertos también advierten que la fragmentación dificulta las negociaciones de paz, ya que existen más mandos regionales autónomos y menos control centralizado. Esto provoca que incluso cuando algunos líderes participan en diálogos, otras facciones continúan ejecutando acciones armadas y expandiendo economías ilegales.
Además, estudios recientes indican que el número total de integrantes de grupos ilegales alcanzó cifras récord en 2025, superando los 27.000 miembros armados, un crecimiento impulsado por el reclutamiento, la expansión territorial y la debilidad estatal en varias zonas rurales.
