La reforma agraria impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro cerró su cuatrienio en medio de cuestionamientos por la baja ejecución de sus principales metas, pese a haber contado con el mayor presupuesto en la historia de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
De acuerdo con cifras oficiales, entre 2023 y 2026 la ANT administró $9,03 billones, cerca de ocho veces más que los $1,35 billones ejecutados durante el gobierno de Iván Duque. Paralelamente, la contratación por prestación de servicios aumentó de 2.972 contratos en el cuatrienio anterior a 18.674 entre 2023 y 2025.
Sin embargo, una revisión de los indicadores oficiales muestra que los resultados estuvieron lejos de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. La compra de tierras para el Fondo de Tierras alcanzó apenas 95.665 hectáreas, equivalente al 6,38 % del objetivo de 1,5 millones de hectáreas.
En materia de formalización de la propiedad rural, el avance también quedó por debajo de lo proyectado. La ANT reportó 1.509.996 hectáreas formalizadas, lo que representa el 38,01 % de la meta de 3.972.423 hectáreas prevista para el cuatrienio. Estas cifras reavivaron el debate sobre la eficiencia en la ejecución de los recursos públicos destinados al desarrollo del campo colombiano.
DNP evidencia desaceleración en la formalización de tierras
Los datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), con corte al 30 de junio de 2026, muestran una tendencia descendente en el cumplimiento de las metas de formalización.
Durante 2023 se formalizaron 654.796 hectáreas, equivalentes al 57,9 % de la meta anual. En 2024 la cifra cayó a 489.022 hectáreas (53,8 %); en 2025 descendió a 220.633 hectáreas (21,9 %) y, durante el primer semestre de 2026, únicamente se registraron 145.545 hectáreas, apenas el 15,8 % de la meta prevista para ese año.
El comportamiento fue similar en la compra de predios para el Fondo de Tierras. En 2023 se adquirieron 5.165 hectáreas, en 2024 fueron 11.510, en 2025 ascendieron a 64.430 y durante el primer semestre de 2026 solo se reportaron 14.560 hectáreas, lo que refleja un ritmo inferior al esperado para uno de los programas centrales de la reforma agraria.
Nuevo Gobierno anuncia auditoría forense
Frente a este panorama, el ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, anunció que la administración entrante realizará una revisión integral de la ejecución de los recursos destinados al sector agropecuario.
El funcionario aseguró que será necesaria una «auditoría forense» para establecer el estado real de los programas rurales y evaluar el destino de las inversiones realizadas durante los últimos cuatro años.
Dangond también manifestó que uno de los objetivos del nuevo Gobierno será fortalecer el acceso al crédito rural, promover la tecnificación del campo y ampliar el acompañamiento a los productores con el propósito de aumentar la productividad agropecuaria.
Por su parte, durante su gestión, el entonces director de la ANT, Juan Felipe Harman, defendió el balance de la entidad y sostuvo que el Gobierno avanzó en la entrega y formalización de tierras, además de impulsar herramientas como la futura Jurisdicción Agraria para resolver conflictos sobre la propiedad rural.
Reforma agraria sigue en el centro del debate
El balance de la reforma agraria continúa generando posiciones encontradas. Mientras el Gobierno saliente defendió la política y destacó avances institucionales como el CONPES de Reforma Agraria y la creación de instrumentos para fortalecer la gestión de tierras, sectores políticos y analistas cuestionan que los indicadores de compra y formalización no alcanzaran los niveles prometidos, pese al incremento histórico de los recursos asignados.