Javier Enrique Niño Borda, expresidente del Concejo Municipal/ foto:archivo particular.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Javier Enrique Niño Borda, expresidente del Concejo Municipal de Cucaita, Boyacá, dentro de una investigación disciplinaria relacionada con presuntas irregularidades en un proceso contractual adelantado para la elección del personero municipal del periodo 2024-2028.
Según informó el organismo de control, los hechos están relacionados con un contrato de apoyo destinado a la realización del concurso público de méritos mediante el cual debía seleccionarse al nuevo personero municipal.
De acuerdo con la Procuraduría, durante el desarrollo de dicho proceso se habrían omitido requisitos considerados esenciales dentro de la contratación estatal.
La investigación señala que presuntamente no fueron elaborados los estudios previos ni el análisis de necesidad que exige la normativa vigente antes de iniciar cualquier procedimiento contractual.
Estos documentos permiten justificar la conveniencia del contrato, establecer las condiciones técnicas y financieras requeridas y garantizar que los recursos públicos sean utilizados bajo criterios de transparencia, planeación y legalidad. Para el ente disciplinario, la ausencia de estos requisitos podría representar un incumplimiento de los deberes funcionales asignados al entonces presidente de la corporación, quien tenía la responsabilidad de adelantar las actuaciones administrativas relacionadas con el proceso de selección del personero.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja calificó provisionalmente la conducta como una falta grave cometida a título de culpa gravísima, una de las categorías más severas dentro del régimen disciplinario colombiano cuando se considera que existió una omisión significativa en el cumplimiento de obligaciones legales. Aunque la formulación de cargos no constituye una sanción ni determina de manera definitiva la responsabilidad del investigado, sí marca una etapa clave dentro del proceso disciplinario, en la que se busca establecer si existieron faltas que afectaran la legalidad del procedimiento adelantado por el Concejo Municipal.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la planeación contractual en las entidades públicas y de los controles previos que buscan garantizar procesos transparentes, especialmente cuando se trata de la elección de funcionarios encargados de ejercer vigilancia y control sobre la administración municipal. Ahora corresponderá a la Procuraduría continuar con la investigación y determinar si existen méritos para imponer una eventual sanción disciplinaria.
