La relación entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía General atraviesa uno de sus momentos más tensos tras la negativa del ente acusador de suspender de manera inmediata varias órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo, organización que en la mesa de paz se presenta como Ejército Gaitanista de Colombia.
La controversia surgió luego de que el Ejecutivo solicitara levantar temporalmente 29 órdenes de captura para permitir el traslado de algunos jefes de esa estructura armada a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), cuya instalación está prevista para el 25 de junio de 2026. Entre los nombres incluidos aparecía alias “Chiquito Malo”, máximo cabecilla del grupo y solicitado en extradición por Estados Unidos.
Frente a la petición, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó mediante resolución que no habrá una suspensión automática de las órdenes. La entidad explicó que cada caso será revisado individualmente para verificar identidad, situación judicial y vínculo real con la organización armada.
La Fiscalía señaló además que cualquier beneficio deberá estar respaldado por acciones concretas como el cese de hostilidades contra la población civil, la entrega de menores reclutados, el desminado, la ubicación de desaparecidos, la dejación de armas y el abandono de economías ilegales.
El ente investigador también aclaró que las Zonas de Ubicación Temporal no significan el freno de las investigaciones penales ni autorizan libertad plena de movilidad para los integrantes del grupo armado. Uno de los principales puntos de discusión continúa siendo la situación de alias “Chiquito Malo”, quien cuenta con concepto favorable de extradición emitido por la Corte Suprema desde diciembre de 2025.
A las advertencias de la Fiscalía se sumó la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien expresó preocupación por las posibles consecuencias de suspender capturas en regiones donde el grupo mantiene presencia armada.
Tras conocerse la decisión, el presidente Gustavo Petro respondió a través de X asegurando que la conducción de la política de paz es una facultad exclusiva del jefe de Estado. Aunque defendió su autoridad constitucional para determinar el avance del proceso, también ordenó revisar nuevamente la lista de integrantes que serían trasladados a las ZUT y excluir a quienes tengan solicitudes de extradición vigentes.
El mandatario precisó que, por ahora, no se ha suspendido la extradición de alias “Chiquito Malo” y afirmó que cualquier eventual beneficio dependerá del cumplimiento de los acuerdos alcanzados en futuras etapas del proceso.
Sin embargo, la tensión aumentó luego de que el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, defendiera públicamente la posición del Gobierno. Patiño sostuvo que la suspensión de las órdenes de captura está contemplada en la Ley 2272 de 2022 durante el traslado y permanencia de los integrantes en las ZUT, y cuestionó que la Fiscalía introduzca requisitos adicionales no previstos expresamente en la norma.
El comisionado también recordó que, según su interpretación, corresponde únicamente al Presidente determinar cuándo un proceso de paz entra en una fase avanzada, condición que el Gobierno considera cumplida desde la creación oficial de tres Zonas de Ubicación Temporal para el Clan del Golfo a finales de 2025.
Pese al intercambio de posiciones, Patiño aseguró que las actuaciones de la Oficina del Alto Comisionado se han desarrollado dentro del marco constitucional y respetando la autonomía de la Fiscalía y de las demás ramas del poder público.
