Ramiro Barragán Adame, exgobernador/foto: archivo particular.
El exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, quedó relacionado con una nueva línea de investigación dentro del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el presunto entramado de corrupción alrededor del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada.
De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el ente investigador compulsó copias para que se determine si existen elementos que permitan establecer posibles responsabilidades de varios exgobernadores y funcionarios vinculados con decisiones relacionadas con contratos financiados mediante recursos del Sistema General de Regalías.
Entre los exmandatarios mencionados aparece Barragán Adame, quien estuvo al frente de la Gobernación de Boyacá durante el periodo 2020-2023. También fueron incluidos en la compulsa de copias los exgobernadores Rafael Alejandro Martínez y Álvaro Arley León Flórez, además de gobernadores que actualmente ejercen sus cargos en Amazonas, Magdalena, Vaupés, Guaviare y Vichada.
La investigación de la Fiscalía busca establecer el alcance de una presunta estructura que habría intervenido en la asignación y ejecución de aproximadamente 480 contratos, cuyo valor superaría los 3 billones de pesos, con proyectos distribuidos en al menos 19 departamentos del país.
El caso tiene especial relevancia para Boyacá debido a que el Fondo Mixto Sierra Nevada también aparece relacionado con proyectos financiados con regalías durante el periodo en que Barragán estuvo al frente de la administración departamental. De hecho, la Procuraduría General de la Nación ya había abierto una investigación disciplinaria contra el exgobernador por presuntas irregularidades relacionadas con la designación de ese fondo como ejecutor de un proyecto de mejoramiento del parque principal de Cómbita, financiado con cerca de 4.100 millones de pesos del Sistema General de Regalías. Ahora, la actuación de la Fiscalía representa una nueva arista para las autoridades, que deberán determinar si las decisiones adoptadas durante diferentes administraciones guardan relación con el esquema investigado.
La compulsa de copias, por sí sola, no significa que Barragán haya sido imputado ni que exista una declaración de responsabilidad penal en su contra. Su finalidad es permitir que los investigadores analicen la información disponible, practiquen las pruebas correspondientes y establezcan si hay mérito para avanzar hacia una actuación penal formal. Mientras la investigación continúa, las autoridades deberán determinar el origen de las decisiones, los responsables de cada procedimiento contractual y la posible existencia de conductas contrarias a la ley.
