La Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará al Gobierno Nacional reactivar las órdenes de captura contra tres jefes del Frente 33 de las disidencias de las FARC: alias Andrey, Richard y Jhon Mechas, en medio de cuestionamientos por su participación en el proceso de paz.
La petición se enmarca en una revisión de los beneficios judiciales otorgados a estos comandantes, quienes actualmente cuentan con suspensión de órdenes de captura debido a su rol como voceros en los diálogos con el Gobierno.
Señalamientos por continuidad en actividades armadas
Según la Fiscalía, existen evidencias de que estos líderes habrían continuado dirigiendo estructuras ilegales y ordenando acciones violentas, pese a estar vinculados a negociaciones de paz.
Entre los hechos investigados se encuentran homicidios, reclutamiento de menores y desplazamientos forzados, especialmente en la región del Catatumbo, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en el país.
El ente acusador también advirtió que estos jefes habrían intentado consolidar control territorial mediante el uso de armas y economías ilícitas, en medio de enfrentamientos con otros grupos armados.
Petición incluye retiro de vocería en proceso de paz
Además de solicitar la reactivación de las órdenes de captura, la Fiscalía pidió al Gobierno retirarles la vocería dentro del proceso de paz, argumentando incumplimientos y afectaciones directas a la población civil.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha sostenido reuniones recientes con delegados del Gobierno para evaluar esta situación y definir el futuro jurídico de estos comandantes dentro de la política de “Paz Total”.
Decisión podría marcar un giro en la política de paz
El Gobierno Nacional tendría un plazo aproximado de diez días para analizar la solicitud y tomar una decisión frente a estos beneficios.
De concretarse la reactivación de las órdenes de captura, se abriría un nuevo escenario en los diálogos con las disidencias, marcando un posible endurecimiento de la postura estatal frente a grupos que continúan delinquiendo mientras participan en negociaciones.
Este caso se suma a otros cuestionamientos recientes sobre el cumplimiento de compromisos por parte de actores armados, lo que mantiene en debate la efectividad de los procesos de paz en Colombia.
