Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación presentó a Graciela Esperanza Rodríguez Oviedo, docente señalada de su presunta responsabilidad en actos sexuales contra una niña de 10 años, en hechos que habrían ocurrido al interior de una institución educativa del municipio de Ipiales.
La investigación es liderada por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), unidad especializada en la atención y judicialización de este tipo de conductas. Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años, conducta tipificada en el Código Penal colombiano y que contempla severas penas privativas de la libertad cuando la víctima es un niño, niña o adolescente.
Material probatorio
Según el material probatorio recopilado, la procesada, al parecer, habría realizado tocamientos indebidos a la menor en varias oportunidades, presuntamente aprovechando espacios en los que permanecían solas dentro del salón de clases. Los hechos habrían sido conocidos tras la denuncia interpuesta ante las autoridades, lo que permitió activar la ruta institucional de atención y protección a la víctima.
En el marco del proceso, la docente no aceptó los cargos formulados en su contra. Sin embargo, tras valorar los elementos expuestos por la Fiscalía, el juez determinó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario, al considerar que se cumplen los requisitos legales para restringir su libertad mientras avanza la investigación y el proceso judicial.
Investigación
La captura de la mujer se llevó a cabo el pasado 21 de febrero en el municipio de Pasto, mediante un operativo adelantado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de uniformados de la Policía Nacional de Colombia. Posteriormente, fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente para la realización de las audiencias concentradas.
Las autoridades indicaron que este caso se enmarca dentro de las acciones prioritarias para combatir cualquier forma de violencia sexual contra menores de edad, especialmente en entornos educativos, donde debe prevalecer la protección integral de los derechos de la niñez. Asimismo, reiteraron el llamado a padres de familia, cuidadores y comunidad educativa a denunciar de manera oportuna cualquier situación que vulnere la integridad física, psicológica o emocional de niños, niñas y adolescentes. La Fiscalía continuará con el recaudo de pruebas y el desarrollo de las etapas procesales correspondientes, con el propósito de esclarecer plenamente los hechos y garantizar el acceso a la justicia para la víctima.
