El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, enfrentó este miércoles una audiencia de imputación por el presunto delito de tráfico de influencias, en un caso que lo vincula con la compra de un apartamento en Bogotá por debajo de su valor comercial y con una supuesta gestión indebida para favorecer a un contratista cercano. La diligencia, que duró menos de una hora, terminó con Roa declarándose inocente, lo que deja a la Fiscalía General de la Nación con un plazo de 30 días para decidir si formalmente lo acusa ante un juez.
El proceso gira alrededor de un presunto intento de incidir en la asignación del proyecto energético Chuchupa-Ballena LNG dentro de Hocol. Según la Fiscalía, Roa habría presionado a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de esa filial, para favorecer a una empresa ligada al empresario Juan Guillermo Mancera, quien habría actuado como intermediario en la compra del apartamento 901 del edificio Entre Parques, facilitando un negocio muy por debajo del precio de mercado. El inmueble tenía un valor estimado de $2.727 millones, pero Roa lo adquirió por $1.800 millones, con un descuento cercano al 34 %, una diferencia que los investigadores consideran clave para establecer un posible beneficio previo.
El abogado defensor de Roa pidió al juez no dar validez a la imputación, argumentando vacíos en la exposición de la Fiscalía y falta de claridad sobre cómo las decisiones atribuidas al funcionario habrían puesto en riesgo la administración pública. Sostuvo que, aunque el tráfico de influencias es un delito de mera conducta, la imputación debía mostrar un peligro real o una afectación concreta al interés general.
Tras un receso, el juez rechazó la solicitud y dio continuidad a la audiencia. Roa reiteró que no acepta los cargos, con lo cual el proceso pasa ahora a la etapa en la que la Fiscalía deberá decidir si presenta la acusación y lo lleva a juicio.
El directivo enfrenta además otro proceso penal. El próximo 12 de marzo deberá comparecer por un expediente relacionado con presuntos sobrecostos en la campaña presidencial de 2022, en la que fue gerente. En ese caso responderá por la supuesta violación de topes electorales, una conducta por la que ya fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral.
