La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra el expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, y tres exdirectivos de alto nivel por su presunta participación en un esquema de corrupción que habría operado entre 2019 y 2022, afectando de forma grave al sistema de salud y a miles de usuarios.
Además de Cardona Uribe, los acusados son Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente administrativo y financiero; Édgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad; y Fabián Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas. A todos se les imputan los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud. En el caso específico del expresidente de la EPS, la Fiscalía agregó el delito de peculado por apropiación, lo que agrava considerablemente su situación judicial.
Según la investigación adelantada por un fiscal especializado en temas de salud de la Dirección Especializada contra la Corrupción, los exdirectivos habrían omitido de manera sistemática el procesamiento de cerca de 14 millones de facturas correspondientes a servicios prestados por Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Esta omisión habría permitido manipular la información contable y financiera de la entidad.
Como parte de las pruebas que se presentarán en el juicio, la Fiscalía reveló que peritos contables del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) revisaron 3.419.015 facturas, en las que detectaron múltiples inconsistencias. Estas irregularidades, según el ente acusador, habrían sido utilizadas para simular utilidades que en realidad no existían.
De acuerdo con la Fiscalía, los estados financieros de la Nueva EPS no reflejaban la realidad económica de la entidad. Se habrían alterado datos clave relacionados con reservas técnicas, costos, ingresos y patrimonio, presentando una imagen de estabilidad y ganancias que no correspondía a la situación real. En esos informes presuntamente adulterados se habrían reportado utilidades ficticias por más de 70.563 millones de pesos.
Estas supuestas utilidades fueron presentadas ante la Junta Directiva y la Asamblea de Accionistas con el objetivo de justificar decisiones financieras, entre ellas la inversión de recursos para el pago de deudas de vigencias anteriores, lo que habría servido para encubrir el verdadero estado financiero de la EPS.
La Fiscalía también sostuvo que esta información falsa o manipulada fue entregada a la Superintendencia Nacional de Salud, con el propósito de obtener la renovación de la licencia de funcionamiento y evitar una intervención estatal, a pesar de que la Nueva EPS registraba pérdidas sostenidas durante ese período.
Finalmente, el ente investigador advirtió que este presunto entramado de corrupción debilitó gravemente los controles internos de la entidad y tuvo un impacto directo en la atención de los usuarios, afectando el pago oportuno a las IPS y, en consecuencia, la prestación de servicios de salud a miles de personas.
En síntesis, la Fiscalía sostiene que los exdirectivos habrían montado un esquema para maquillar la situación financiera de la Nueva EPS, engañar a los organismos de control y a los accionistas, y mantener la operación de la entidad a costa de recursos públicos y de la calidad del servicio de salud, lo que ahora los lleva a enfrentar un proceso penal por graves delitos contra la administración pública.
