La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Rafael Guillermo Acevedo Pedrosa, exsecretario de Infraestructura de Tunja, por presuntas irregularidades en un contrato verbal para el suministro de recebo destinado a obras públicas entre 2016 y 2017.
De acuerdo con la investigación, el entonces funcionario habría pactado de manera directa con el propietario de una reserva en Motavita, sin suscribir un contrato escrito ni adelantar el proceso de selección, estudios previos o apropiación presupuestal exigidos por la ley. El material fue transportado principalmente en volquetas del parque automotor de la Alcaldía.
El suministro, valorado en 47,3 millones de pesos, se entregó entre abril de 2016 y marzo de 2017. No obstante, la cuenta de cobro presentada por el proveedor fue rechazada por la administración de la época, debido a la inexistencia de un contrato formal.
Lo inusual del caso es que, tras varios años sin avances, en 2024 se firmó un acuerdo de indemnización por 70 millones de pesos, reconociendo así un compromiso económico derivado de un procedimiento que careció de los requisitos legales.
Un fiscal de la seccional Boyacá le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cargo que Acevedo Pedrosa no aceptó. El proceso sigue en curso, mientras surgen nuevas críticas sobre la transparencia y el manejo de los recursos públicos en esa administración.
El caso reaviva el debate sobre las prácticas contractuales en Colombia, donde acuerdos verbales y decisiones improvisadas siguen generando riesgos de corrupción y pérdidas para el erario. Para la ciudadanía tunjana, el juicio podría marcar un precedente y abrir la puerta a mayor vigilancia y control sobre la contratación pública local.