Hace pocos días se pronunciaba La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la cual sigue de cerca el proceso de selección del nuevo fiscal general de la Nación de Colombia. En este marco, recuerda que la falta de designación de una persona titular podría debilitar el sistema de justicia colombiano; situación hasta cierto punto válida pero no del todo cierta; ya que es el Estado Colombiano el que está actuando con su propia autonomía y la de sus poderes públicos. la fiscalía general de la Nación, al tener el monopolio de la acción penal, juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y en la preservación de la democracia y del Estado de derecho en Colombia. La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía.
Según el cronograma oficial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la elección de titular de la Fiscalía estaba programada para concluir el 7 de diciembre de 2023. Esto tras el envío por parte de la Presidencia de la República de una terna integrada por personas de reconocida idoneidad profesional para el cargo, sin embargo, debido a la falta de quórum y posteriormente, a la falta de acuerdo político entre las personas magistradas, la institución quedó bajo un mandato interino desde el 12 de febrero de 2024, fecha en la que culminó el periodo del anterior fiscal general.
Lo que a muchos se les olvida es que históricamente el proceso de elección del fiscal general de la Nación no ha sido fácil; si hacemos un recuento como ha sido este proceso esto es lo que arroja el histórico: En el gobierno de Álvaro Uribe, la elección de Mario Iguarán (2005 – 2009) 4 Rondas de Votación; En el gobierno de Juan Manuel Santos fueron Viviane Morales (2011 – 2012) 3 Rondas de Votación; Eduardo Montealegre (2012 – 2016) 11 Rondas de Votación; Néstor Humberto Martínez (2016 – 2019) 4 Rondas de Votación; en el gobierno de Iván Duque fue Francisco Barbosa (2020 – 2024) 5 Rondas de Votación; la actual elección de Fiscal de la Terna presentada por el Presidente Gustavo Petro apenas lleva 2 rondas.
Así que esto sienta un precedente que el proceso de la Corte Suprema de Justicia no es caprichoso y no obedece a pretensiones por posiciones políticas con el Gobierno Petro. La elección por parte de la Corte Suprema de Justicia de una terna presentada por el Presidente, es un Derecho Constitucional que obedece a que la Corte le garantice al pueblo Colombiano un Fiscal independiente que garantice el derecho de acceso a la Justicia; sin intereses políticos aliados al Gobierno Petro. Este procedimiento forma parte del abecé del sistema de pesos y contrapesos que establece la Constitución precisamente para que el Presidente no tenga Fiscal de bolsillo, y el pueblo tenga la garantía de una justicia independiente.
Una vez más, el presidente Petro confunde las líneas sagradas que deben existir entre los intereses del pueblo y los de su partido, entre la democracia y su ideología particular.
Por: Javier Recalde Martínez.