Un fiscal antinarcóticos y dos agentes de la Sijín fueron capturados por presunta extorsión en Santa Marta, Magdalena. El caso salpica a funcionarios que, al parecer, habrían montado un procedimiento irregular contra un empresario.
Las autoridades realizaron el operativo en medio de diligencias judiciales. La investigación apunta a una presunta red de corrupción judicial.
Quién es el fiscal capturado en Santa Marta
En el procedimiento fue capturado Leopoldo Eduardo Montes Dávila. El funcionario se desempeñaba como fiscal 19 seccional Antinarcóticos de Santa Marta.
Según la información conocida, el fiscal estaría vinculado a hechos de presunta corrupción. Las autoridades lo relacionan con una denuncia por extorsión.
Qué incautaron en los allanamientos
Durante el allanamiento a la oficina del fiscal, las autoridades incautaron computadores. También decomisaron documentos de expedientes.
Ese material hará parte del proceso investigativo. Los elementos serán analizados como prueba dentro del caso.
También capturaron a dos funcionarios de la Sijín
En el mismo operativo fueron capturados dos integrantes de la Sijín de la Policía Nacional. Se trata de Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez.
Las autoridades investigan si ambos participaron en los hechos denunciados. El caso también involucra, al parecer, a un asistente del despacho.
Cómo empezó la investigación
La investigación se inició tras una denuncia presentada por un empresario de autopartes. El caso fue puesto en conocimiento del Grupo Investigativo Gaula Élite.
La supuesta víctima afirmó que los funcionarios planearon una acción ilegal. Según su versión, buscaban presionar un pago millonario.
La supuesta inmovilización ilegal de una tractomula
De acuerdo con la denuncia, el fiscal y los agentes habrían ejecutado la inmovilización de una tractomula. El vehículo transportaba mercancía por una vía nacional.
Los funcionarios habrían justificado el procedimiento con una supuesta presencia de estupefacientes. Sin embargo, la denuncia sostiene que todo habría sido un montaje.
La presunta exigencia de 300 millones de pesos
Tras la incautación del vehículo y la mercancía, los funcionarios habrían exigido dinero. La cifra, según la investigación, sería de 300 millones de pesos.
El pago habría sido solicitado a cambio de devolver la tractomula. También habría incluido la entrega de la mercancía retenida.
Investigación de 10 meses y participación de varias unidades
Tras la denuncia, las autoridades abrieron una investigación formal. Durante 10 meses, varias dependencias recopilaron material probatorio.
En el proceso participaron la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal y la Dirección Especializada contra la Corrupción. También intervinieron el Gaula Élite y el CTI de Magdalena.
Los investigadores habrían identificado el funcionamiento de la aparente red. El caso ahora avanza hacia la etapa de judicialización.
Antecedentes del fiscal y lo que viene
Según se conoció, el fiscal Montes Dávila tendría varias denuncias previas. Estas estarían relacionadas con abuso de autoridad y prevaricato.
También se mencionan señalamientos por concusión. En las próximas horas se espera la judicialización de los capturados.
El proceso definirá si las capturas se mantienen. También determinará la responsabilidad penal de los implicados.
