En lo que va corrido de 2025, 15 firmantes de paz han sido asesinados en diferentes partes del país, uno de ellos en el departamento de Nariño, señaló la Jurisdicción Especial para la Paz JEP.
Al respecto, el fiscal delegado de la Fiscalía General de la Nación, Hernando Toro, dijo que, desde la firma del acuerdo de paz en 2016 entre el Gobierno Nacional y la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, han sido asesinados 436 firmantes, en tanto que 104 han sufrido tentativas de homicidio, 58 han sido desaparecidos forzosamente y 865 han recibido amenazas, especialmente en los departamentos del Cauca, Norte de Santander y Nariño.
El fiscal delegado de la Fiscalía General de la Nación Hernando Toro, presentó estas cifras: 436 firmantes han sido asesinados desde la firma del acuerdo, 104 han sido víctimas de tentativa de homicidio, 58 han sido desaparecidos forzosamente y 865 han recibido amenazas.
Situación crítica
La magistrada Ximena Balanta, de la Sala de Amnistía o Indulto, expresó con firmeza que la situación actual de los firmantes es crítica.
“Después de siete años de implementación, persisten riesgos reales y extraordinarios contra su derecho a la vida. Hay desplazamientos forzados, proyectos truncados y comunidades que ven amenazada su esperanza en la paz”, afirmó.
La magistrada de la JEP recordó que la Corte Constitucional, en la Sentencia de Unificación 020 de 2022, un estado de cosas inconstitucionales por la violencia sistemática, contra la población firmante, por lo que urgió a las instituciones a actuar de manera decidida.
“La muerte de un firmante es una pérdida irreparable que priva a Colombia de verdad, reparación y memoria. Les debemos protección, humanidad y escucha”, enfatizó Balanta.
Por su parte, Giovanny Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, advirtió que al menos seis espacios de reincorporación están en riesgo de desaparecer si no se adoptan medidas urgentes.
Estos son: La Pradera, Corinto, Toribío, Puerto Guzmán, Pitalito y San Vicente del Caguán. “En Corinto, por ejemplo, podrían desaparecer organizaciones como la Asociación Astrozonal, lo que representa un golpe directo a los proyectos productivos de los firmantes”, señaló.
Álvarez también alertó sobre el aumento de los casos de violencia de carácter colectivo, como el vaciamiento de territorios por parte de grupos armados ilegales, fenómeno que ha afectado el desarrollo de proyectos restaurativos y la participación de los comparecientes en la jurisdicción.
“Nos toca escondernos”
Hernando Toro, hizo énfasis en que en el 80 por ciento de estos episodios de violencia contra los firmantes de la paz, la mayoría de los agresores, hacen parte de organizaciones criminales, con amplio control territorial, social y económico.
“Este control se traduce en desplazamientos, amenazas y limitaciones severas a los proyectos de reincorporación. La transformación territorial para la seguridad es urgente e inaplazable”, afirmó Toro.
Aumenta el peligro
Además, denunció la estigmatización creciente contra los firmantes en varias regiones y la convergencia de economías ilegales que dificultan la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la estabilidad de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
En esta audiencia, la voz de los firmantes también se escuchó. Franklin, compareciente y representante del Instituto de Capacitación de Pondores, relató el miedo constante que viven muchos excombatientes.
“En muchas zonas, los firmantes están obligados a asistir a reuniones de grupos armados. No tenemos refugio. Ocultamos nuestras identidades para protegernos. Necesitamos que las sanciones restaurativas se agilicen. Esto nos tiene angustiados y temerosos”. La audiencia concluyó con un llamado unánime de los distintos sectores: el Estado debe asumir su responsabilidad de garantizar la vida y la reincorporación digna de quienes firmaron la paz. La JEP reiteró que, sin seguridad, no hay verdad, ni justicia, ni reconciliación.