En medio del debate nacional sobre la protección de la Amazonía, un nuevo análisis sobre los recursos del Finagro —la principal entidad de financiamiento del sector rural en Colombia— ha encendido las alertas: cerca de la mitad de los créditos otorgados en la región amazónica estarían destinados a actividades ganaderas.
Este dato ha reavivado la discusión sobre el papel del Estado en la expansión de la ganadería en zonas de alto valor ambiental, donde la deforestación y el cambio de uso del suelo siguen siendo problemáticas críticas.
Créditos ganaderos: el peso del financiamiento
De acuerdo con revisiones de datos y análisis difundidos en el contexto de cobertura regional, en la Amazonía colombiana una proporción cercana al 50 % del crédito de Finagro se dirige a la ganadería.
Esta tendencia no es nueva. Históricamente, el sector ganadero ha sido uno de los principales receptores de financiamiento agropecuario en Colombia. La entidad, que impulsa el desarrollo rural mediante créditos, incentivos y subsidios, ha mantenido una fuerte presencia en esta actividad productiva, considerada estratégica para la economía del campo.
Sin embargo, en el contexto amazónico, el impacto de esta asignación de recursos es especialmente sensible.
Amazonía: entre desarrollo y presión ambiental
La expansión de la ganadería en la Amazonía colombiana ha sido señalada como uno de los principales motores de la deforestación. Investigaciones periodísticas recientes muestran que, tras el Acuerdo de Paz de 2016, la actividad ganadera creció de forma acelerada en departamentos como Guaviare, impulsada en parte por financiamiento estatal y dinámicas de ocupación del territorio.
El aumento del hato ganadero ha estado acompañado de la conversión de selva en pastizales, lo que genera pérdida de biodiversidad, emisiones de carbono y presión sobre territorios protegidos e indígenas.
Este fenómeno también se relaciona con dinámicas más complejas, como la presencia de economías ilegales, la falta de control estatal en algunas zonas y el uso de la tierra como mecanismo de apropiación territorial.
El dilema: inclusión financiera vs. sostenibilidad
Desde el Gobierno y el propio Finagro se ha insistido en la necesidad de ampliar el acceso al crédito para pequeños y medianos productores rurales, muchos de los cuales históricamente han estado excluidos del sistema financiero.
De hecho, cifras institucionales indican que solo una fracción de los productores agropecuarios accede a crédito formal, lo que ha sido identificado como una barrera estructural para el desarrollo del campo colombiano.
En ese sentido, el financiamiento a la ganadería también responde a la lógica de fortalecer economías rurales y mejorar ingresos campesinos. No obstante, expertos advierten que, sin criterios ambientales estrictos, estos recursos pueden terminar incentivando prácticas que afectan ecosistemas estratégicos como la Amazonía.
¿Hacia dónde va la política agroambiental?
El debate actual apunta a la necesidad de reorientar los créditos agropecuarios hacia modelos más sostenibles, como la ganadería silvopastoril, la reforestación productiva o sistemas agroforestales.
Incluso desde sectores políticos se han planteado llamados a revisar el papel del financiamiento estatal en la expansión de la frontera ganadera, especialmente en regiones donde la deforestación sigue en aumento.
El reto, coinciden analistas, es lograr un equilibrio entre el desarrollo económico del campo y la protección de uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
