María Paula Jiménez, exalcaldesa (e)/foto: archivo particular.
Tras permanecer cerca de tres meses al frente de la Alcaldía de Tunja como mandataria encargada, designada por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, María Paula Jiménez culminó su gestión en medio de cuestionamientos relacionados con decisiones administrativas, contractuales y tributarias que podrían ser objeto de revisión por parte de los organismos de control.
Debate
Uno de los principales temas de debate corresponde a la contratación adelantada durante su administración, especialmente la relacionada con el Aguinaldo Boyacense, cuyo presupuesto supera los 14.000 millones de pesos. El consejero municipal de Cultura, Jair Merchán, manifestó públicamente que el Consejo Municipal de Cultura no fue convocado para conocer la planeación del evento y aseguró que aún no se ha divulgado la programación del CEPAC, situación que, según indicó, ha generado incertidumbre entre artistas y gestores culturales.
A estos cuestionamientos se suman las críticas de la concejal Laura Silva frente al Proyecto FSP-168: Fortalecimiento del Sector Agropecuario y Homenaje al Campesino Tunjano, cuyo presupuesto oficial asciende a 850 millones de pesos. La cabildante puso en discusión la destinación de esos recursos y la forma en que serán ejecutados. De acuerdo con la información oficial, el proyecto busca reconocer a 4.200 pequeños productores agropecuarios de las 10 veredas y 16 sectores rurales de Tunja, en cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y de la Ley 2223 de 2022. La iniciativa no contempla la entrega de dinero en efectivo a las comunidades.
En su lugar, la administración prevé contratar una Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) para ejecutar la logística del evento, que incluye el suministro de mobiliario, carpas y transporte, la entrega de 4.200 almuerzos tipo picada boyacense, presentaciones de música carranguera, juegos tradicionales y la entrega de incentivos físicos como bicicletas, herramientas, estufas, baldes, machetes, palines y picas.
Otro aspecto que ha generado discusión es la intensa actividad contractual registrada en los últimos días del encargo, periodo en el que fueron suscritos cerca de 300 contratos de prestación de servicios y se realizaron varios nombramientos provisionales. También ha sido objeto de análisis la firma de contratos al día siguiente de las elecciones atípicas en las que fue elegido Rafael Acevedo como alcalde de Tunja, situación que algunos sectores consideran debe ser revisada para establecer si las actuaciones se ajustaron al marco legal. A este panorama se suma una denuncia penal radicada ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de prevaricato por acción.
La denuncia fue presentada por la directora del Departamento Administrativo de Hacienda Pública Territorial, quien afirmó que, tras reincorporarse de vacaciones, la funcionaria que permanecía encargada de esa dependencia continuó adelantando actuaciones contractuales y administrativas sin su participación, incluyendo presuntas decisiones relacionadas con asuntos presupuestales, tributarios y un proyecto de acuerdo radicado ante el Concejo Municipal. La presentación de la denuncia no constituye una declaración de responsabilidad. Corresponderá a la Fiscalía General de la Nación y a los demás organismos de control determinar, dentro de las investigaciones que adelanten, si existieron o no irregularidades y establecer las responsabilidades a que haya lugar, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia de todas las personas involucradas.
