La exparlamentaria afgana y defensora de los derechos de las mujeres Fawzia Koofi ha convertido su voz en uno de los principales llamados internacionales contra la política de exclusión aplicada por los talibanes desde su regreso al poder en agosto de 2021. Ante organismos de Naciones Unidas y representantes parlamentarios europeos, Koofi ha denunciado que las mujeres y niñas de Afganistán están siendo expulsadas progresivamente de la educación, el trabajo, la vida política, la justicia y los espacios públicos.
Sus denuncias se producen en un contexto que Naciones Unidas considera una de las peores crisis de derechos de las mujeres en el mundo. Cinco años después del regreso de los talibanes al poder, las restricciones no solo continúan, sino que se han extendido a nuevas áreas de la vida cotidiana.
En junio de 2025, durante el examen de Afganistán ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Koofi sostuvo que las mujeres afganas habían sido excluidas de manera sistemática de prácticamente todos los ámbitos de la vida política y pública. En marzo de 2026, volvió a denunciar la situación ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, donde pidió justicia y una respuesta internacional más contundente.
Fawzia Koofi, una de las principales voces afganas contra la represión
Fawzia Koofi no es una activista que haya comenzado a denunciar la situación después de la llegada de los talibanes al poder. Durante años ocupó un lugar destacado en la política afgana y se convirtió en la primera mujer en ejercer como vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Afganistán.
También presidió la Comisión de Asuntos de la Mujer y Derechos Humanos y participó en las negociaciones de paz con los talibanes en Doha en 2020.
Su trayectoria está estrechamente vinculada con la defensa de la educación de las niñas y la participación política de las mujeres. Después de la toma de Kabul por los talibanes en agosto de 2021, Koofi abandonó Afganistán, pero continuó interviniendo en foros internacionales para denunciar la situación de las mujeres que permanecen en el país. Naciones Unidas y organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos la han reconocido como una de las voces afganas que han llevado esta crisis a los principales espacios internacionales.
La denuncia ante Naciones Unidas
Uno de los momentos más importantes de sus recientes denuncias ocurrió en junio de 2025, cuando el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer examinó la situación de Afganistán.
Koofi agradeció al comité por escuchar a las mujeres y niñas afganas y describió la situación como particularmente dolorosa porque las representantes afganas acudían a hablar en nombre de una población que, según sus palabras, había quedado sin un Estado que protegiera efectivamente sus derechos.
Durante su intervención, señaló que desde el regreso de los talibanes las mujeres habían sido excluidas sistemáticamente de las instituciones políticas y de la vida pública.
También denunció el desmantelamiento de mecanismos institucionales que habían permitido la participación de las mujeres en la administración y en el sistema judicial. Entre los cambios mencionados estuvo la desaparición del antiguo Ministerio de Asuntos de la Mujer y su sustitución por estructuras vinculadas a la promoción de la virtud y la prevención del vicio.
Koofi afirmó además que las mujeres habían quedado prácticamente fuera del sistema de justicia civil y que antiguas fiscales y funcionarias judiciales enfrentaban amenazas de seguridad.
Educación: una generación de niñas quedó fuera de las aulas
Uno de los principales puntos de la denuncia de Koofi es la educación.
Después de recuperar el poder en agosto de 2021, los talibanes prohibieron progresivamente que las niñas continuaran sus estudios más allá de la educación primaria. Posteriormente también se prohibió el acceso de las mujeres a las universidades.
La prohibición de la educación superior se extendió posteriormente a determinados campos profesionales. Naciones Unidas ha advertido además sobre el impacto de las restricciones en la formación de profesionales sanitarias, particularmente porque Afganistán necesita mujeres médicas y trabajadoras de la salud para atender a otras mujeres en un contexto en el que existen fuertes barreras culturales para que pacientes femeninas sean atendidas por hombres.
En marzo de 2026, Koofi destacó que el calendario educativo afgano se había convertido en un recordatorio de la exclusión de las niñas: el inicio del nuevo año escolar marcaba también cinco años desde la prohibición de la educación secundaria para las niñas.
La situación implica que millones de niñas han perdido años fundamentales de formación.
El problema, sin embargo, va mucho más allá de las aulas. La falta de educación limita las posibilidades futuras de empleo, autonomía económica y participación social, al tiempo que aumenta el riesgo de pobreza, matrimonios tempranos y dependencia económica.
Mujeres expulsadas del mercado laboral
La educación no es la única área afectada.
Las autoridades talibanes han impuesto restricciones severas al trabajo femenino y han reducido considerablemente los sectores en los que las mujeres pueden desempeñarse.
Naciones Unidas señala que las mujeres han sido expulsadas de numerosos empleos y que las limitaciones también afectan su participación en organizaciones, instituciones públicas y actividades de la sociedad civil.
Esta exclusión tiene consecuencias económicas para todo el país.
Afganistán atraviesa una situación económica y humanitaria extremadamente frágil, por lo que impedir que aproximadamente la mitad de la población participe plenamente en la economía reduce las posibilidades de recuperación.
Además, muchas organizaciones lideradas por mujeres dependen de financiación internacional para continuar ofreciendo servicios educativos, sociales, humanitarios y de protección.
En agosto de 2026, Naciones Unidas advirtió que los problemas de financiación estaban colocando a numerosas organizaciones de mujeres en riesgo de suspender sus actividades o cerrar. Más de la mitad de las 74 organizaciones de mujeres consultadas en una evaluación citada por la ONU consideraban que podían verse obligadas a suspender operaciones durante el siguiente año.
Restricciones a la movilidad y presencia en espacios públicos
Otro de los aspectos denunciados por Koofi es el control sobre la movilidad de las mujeres.
Las restricciones impuestas por los talibanes han condicionado la posibilidad de que las mujeres puedan desplazarse, trabajar o realizar actividades cotidianas sin la compañía de un hombre de su familia.
Naciones Unidas ha documentado que en muchas zonas las mujeres no pueden desplazarse libremente sin un acompañante masculino y que las normas sobre vestimenta y comportamiento han aumentado la presión sobre ellas.
En 2024, además, los talibanes introdujeron una legislación sobre la promoción de la virtud y la prevención del vicio que estableció nuevas restricciones sobre la vestimenta, el comportamiento y la presencia de las mujeres en espacios públicos. Entre las medidas se incluyeron restricciones sobre mostrar el rostro y sobre la voz de las mujeres en determinados espacios.
La aplicación de estas normas ha continuado.
En junio de 2026, Naciones Unidas expresó preocupación por las detenciones de mujeres y niñas en la provincia de Herat debido a supuestas infracciones relacionadas con el código de vestimenta. Reuters informó entonces que al menos 21 mujeres y niñas habían sido detenidas, mientras que Naciones Unidas pidió a las autoridades talibanes respetar los derechos fundamentales y la libertad de movimiento.
La desaparición de las mujeres de la vida política
Para Koofi, uno de los aspectos más graves es que las mujeres prácticamente han desaparecido de los espacios donde se toman decisiones.
Antes del regreso de los talibanes, Afganistán contaba con mujeres parlamentarias, ministras, juezas, fiscales, funcionarias y representantes diplomáticas.
Ese sistema fue desmantelado después de agosto de 2021.
Durante su intervención ante el CEDAW, Koofi afirmó que ninguna mujer ocupaba posiciones de liderazgo en los procesos de toma de decisiones del nuevo sistema político afgano.
También denunció que las mujeres y niñas fueron excluidas de negociaciones diplomáticas y de importantes procesos internacionales relacionados con el futuro de Afganistán.
La situación resulta especialmente significativa porque Koofi fue precisamente una de las mujeres que participó en las conversaciones de paz entre el Gobierno afgano y los talibanes.
Su experiencia le permite contrastar directamente la participación que las mujeres tuvieron en aquellos procesos con la exclusión que enfrentan actualmente.
La justicia también se ha convertido en un problema
Las restricciones no se limitan al acceso a la educación, al empleo o a los espacios públicos.
La capacidad de las mujeres para acceder a mecanismos de justicia también se ha deteriorado.
Un informe publicado por la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) en marzo de 2026 encontró que las mujeres afganas eran casi cuatro veces menos propensas que los hombres a acceder a mecanismos formales de justicia.
Esto significa que muchas mujeres encuentran enormes obstáculos para denunciar abusos, resolver disputas, buscar protección o exigir responsabilidades a quienes hayan vulnerado sus derechos.
La ausencia de mecanismos accesibles de justicia puede tener consecuencias especialmente graves en casos de violencia doméstica, matrimonios forzados, abusos y otros delitos.
Para las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, la combinación entre discriminación, debilitamiento institucional y falta de acceso a la justicia crea un entorno en el que las víctimas tienen pocas posibilidades de obtener protección efectiva.
El impacto sobre la salud de las mujeres
La exclusión educativa también está afectando directamente al sistema sanitario.
La prohibición de que las mujeres puedan estudiar determinadas carreras médicas amenaza con reducir todavía más el número de profesionales sanitarias disponibles.
Esto es especialmente delicado en Afganistán porque muchas mujeres tienen dificultades para ser atendidas por profesionales hombres debido a normas culturales y religiosas.
Un déficit de médicas, enfermeras y otras trabajadoras sanitarias puede traducirse en mayores dificultades para acceder a controles médicos, atención durante el embarazo y tratamientos especializados.
Investigaciones recientes han advertido sobre el deterioro de los indicadores de salud materna y las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a servicios médicos.
El problema también tiene una dimensión psicológica.
Koofi ya había advertido anteriormente ante organismos internacionales sobre el impacto de la exclusión y la desesperanza en la salud mental de las mujeres afganas. Las restricciones prolongadas, la pérdida de oportunidades educativas y laborales y el aislamiento social han generado una creciente preocupación por la salud mental de las niñas y mujeres.
Una crisis que Naciones Unidas considera excepcionalmente grave
Las denuncias de Koofi no se producen de manera aislada.
ONU Mujeres ha calificado la situación de las mujeres y niñas afganas como la crisis de derechos de las mujeres más grave del mundo.
En agosto de 2025, la organización señaló que, cuatro años después del regreso de los talibanes, las restricciones habían eliminado derechos fundamentales y empujado a las mujeres cada vez más fuera de la vida pública.
Según ONU Mujeres, las niñas están excluidas de la educación más allá de determinadas edades, las mujeres enfrentan importantes prohibiciones laborales y existen fuertes restricciones a su movilidad y participación política.
Cinco años después del regreso talibán, la organización volvió a advertir en agosto de 2026 que se habían emitido más de 100 decretos y disposiciones que afectan distintos aspectos de la vida de las mujeres y niñas.
Una encuesta citada por ONU Mujeres mostró además que más de la mitad de las mujeres consultadas salían de sus hogares solamente una o dos veces al mes debido a las restricciones sobre movilidad y espacios públicos.
Koofi pide que la comunidad internacional pase de las declaraciones a las acciones
Una de las principales críticas de Fawzia Koofi es que la comunidad internacional ha condenado repetidamente las políticas talibanes, pero las declaraciones no han conseguido revertir las restricciones.
En diferentes intervenciones ha pedido que los mecanismos internacionales de rendición de cuentas sean utilizados de manera efectiva y que los derechos de las mujeres ocupen un lugar central en cualquier relación diplomática con las autoridades talibanes.
En 2022, Koofi participó en los esfuerzos que llevaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a celebrar un debate urgente sobre la situación de las mujeres y niñas afganas. Desde entonces, ha continuado reclamando medidas internacionales más contundentes.
Su posición se ha mantenido en 2026.
En marzo, durante una sesión del Parlamento Europeo, Koofi y otras parlamentarias afganas exiliadas pidieron justicia para Afganistán y reclamaron a la comunidad internacional que no abandonara a las mujeres y niñas.
La sesión puso nuevamente sobre la mesa la necesidad de mantener la situación de derechos humanos como una condición central de cualquier diálogo internacional con los talibanes.
La preocupación por la normalización del régimen talibán
Uno de los temores expresados por Koofi es que el paso del tiempo termine normalizando la situación.
En junio de 2026, en un artículo de opinión publicado por The Guardian, Koofi cuestionó la decisión de permitir determinados contactos internacionales con representantes talibanes sin que los derechos de las mujeres ocuparan un lugar central en esas conversaciones.
La activista argumentó que establecer relaciones con las autoridades talibanes sin exigir responsabilidades por las violaciones de derechos humanos puede terminar legitimando un sistema de discriminación contra las mujeres.
Este debate se ha vuelto todavía más relevante en 2026, cuando distintos países han incrementado sus contactos con Afganistán por razones diplomáticas, económicas y de seguridad.
La dificultad consiste en encontrar un equilibrio entre mantener canales de comunicación con las autoridades que controlan efectivamente el territorio afgano y evitar que ese contacto sea interpretado como una aceptación de sus políticas contra las mujeres.
Mujeres afganas continúan resistiendo
A pesar de las restricciones, la población femenina no ha desaparecido completamente de la esfera social.
Mujeres y organizaciones afganas han desarrollado redes educativas clandestinas, programas de formación en línea, medios de comunicación y proyectos de apoyo comunitario.
Las escuelas clandestinas permiten que algunas niñas continúen estudiando a pesar de las prohibiciones oficiales. También existen iniciativas digitales que ofrecen cursos de idiomas, informática y otras materias.
Estas alternativas no sustituyen un sistema educativo reconocido por el Estado, pero representan una forma de resistencia y una manera de preservar conocimientos y oportunidades para una generación que de otro modo quedaría excluida de la educación.
Para Koofi, esta resistencia demuestra que las mujeres afganas no han renunciado a sus derechos.
Por el contrario, muchas continúan buscando mecanismos para estudiar, trabajar, organizarse y denunciar las políticas que consideran discriminatorias.
Una batalla que continúa en los organismos internacionales
La trayectoria de Fawzia Koofi refleja cómo la situación de las mujeres afganas se ha convertido en uno de los principales asuntos de derechos humanos relacionados con el régimen talibán.
Sus intervenciones ante Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y otros espacios internacionales buscan impedir que las restricciones sean consideradas una cuestión exclusivamente interna de Afganistán.
El argumento central de Koofi es que la discriminación sistemática contra las mujeres debe ser tratada como una cuestión de derechos humanos y de responsabilidad internacional.
La preocupación se ha intensificado en 2026. Naciones Unidas continúa denunciando nuevas restricciones, mientras que organizaciones de derechos humanos advierten sobre el riesgo de que el aislamiento, la falta de financiación y la reducción de la atención internacional dejen a las mujeres afganas todavía más desprotegidas.
A cinco años del regreso de los talibanes a Kabul, las denuncias de Fawzia Koofi siguen colocando una pregunta sobre la mesa: cuánto tiempo puede la comunidad internacional condenar la exclusión de las mujeres afganas sin convertir esas condenas en medidas concretas.
Para millones de mujeres y niñas, el problema no es solamente la pérdida de un derecho específico. Es la acumulación de restricciones que afecta prácticamente cada dimensión de su vida: estudiar, trabajar, desplazarse, recibir atención médica, acceder a la justicia, participar en política y expresarse públicamente.
La denuncia de Koofi, respaldada por múltiples informes de Naciones Unidas, mantiene así abierto el debate sobre uno de los mayores desafíos actuales en materia de derechos humanos: impedir que la exclusión sistemática de las mujeres afganas termine siendo normalizada por el paso del tiempo.
