Madre exige respuesta 17 años después del asesinato de su hijo.
Redacción Extra
Tunja, Boyacá – La historia de Blanca Lilia Cuadrado, madre de Mauricio Hernández, ha vuelto a poner en evidencia las consecuencias de los denominados “falsos positivos” en Colombia. Mauricio, quien trabajaba ayudando en los buses del terminal de Tunja, desapareció en marzo de 2008 y fue presentado posteriormente como guerrillero abatido en combate por integrantes del Ejército Nacional, un hecho que su familia sostiene como totalmente falso. Desde el primer día tras la desaparición de su hijo, Blanca Lilia inició una búsqueda sistemática de pruebas que demostrarán la inocencia de Mauricio. Según relató, recogió firmas de conductores y trabajadores del terminal, quienes confirmaban que su hijo era un joven cordial, trabajador y sin vinculación con grupos armados. La madre asegura que Mauricio fue llevado por miembros del batallón Tarqui de Sogamoso, incluyendo a los señalados como Yerbail Galvisnieto, Diego Hernán Moreno y otro individuo de apellido Barina, hacia una vereda conocida como Comés, en Socotá, donde fue asesinado. “El único muerto fue mi hijo y los militares no resultaron heridos. Yo aclaré y demostré que mi hijo no era guerrillero”, señaló Blanca Lilia, quien ha conservado fotos, documentos y testimonios durante los últimos 17 años con el fin de esclarecer los hechos. Según la familia, los responsables habrían confiado en que el crimen no sería descubierto, pero la perseverancia de la madre ha mantenido el caso vivo en la memoria judicial y social. Los “falsos positivos” constituyen uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente de Colombia, y Boyacá no ha sido ajena a estas prácticas. Durante años, organizaciones de derechos humanos han denunciado la presentación ilegítima de civiles como combatientes para inflar las estadísticas de bajas del conflicto armado, lo que ha generado procesos judiciales en todo el país, incluyendo investigaciones contra militares implicados en ejecuciones extrajudiciales.
En este contexto, la carpeta de pruebas que Blanca Lilia ha recopilado —fotografías, documentos oficiales y testimonios de testigos— se convierte en un recurso clave para los tribunales, en especial frente a la Fiscalía General de la Nación y organismos de control que investigan la responsabilidad de los agentes del Estado. La familia ha solicitado que los responsables sean identificados y sancionados conforme a la ley, y que se haga justicia tras casi dos décadas de espera.
La lucha de Blanca Lilia resalta la persistente impunidad en casos de violencia estatal, así como la necesidad de garantizar procesos judiciales efectivos y el reconocimiento de los derechos de las víctimas. La madre de Mauricio Hernández continúa, hasta hoy, su búsqueda de verdad y justicia, recordando a su hijo no como un guerrillero, sino como un joven trabajador que nunca regresó a casa para cumplir la promesa de comerse la sopa que le guardó su abuela.
