La Corte Constitucional ha emitido un fallo trascendental que redefine el panorama fiscal de Colombia para el resto del año 2026. Con una mayoría de 6 votos contra 2, el alto tribunal declaró inexequible el Decreto 1390 de 2025, la pieza jurídica fundamental con la que el Gobierno Nacional pretendía gestionar la crisis financiera declarada el pasado diciembre. Esta decisión no solo anula la emergencia en sí misma, sino que arrastra consigo a todos los decretos legislativos derivados que ya estaban siendo aplicados o proyectados por el Ejecutivo.
El debate jurídico, que se encontraba en vilo desde la suspensión provisional de la norma el pasado 29 de enero, se saldó con el respaldo a la ponencia del magistrado Carlos Camargo. El argumento central radicó en que la figura de la emergencia económica es de carácter excepcional y no debe ser utilizada para tramitar reformas que competen exclusivamente al Congreso de la República bajo el trámite legislativo ordinario. Pese a los salvamentos parciales de voto de los magistrados Héctor Carvajal y Vladimir Fernández, la Corte fue enfática en proteger la separación de poderes y el conducto regular de la política tributaria.
Ante este vacío en el presupuesto, el presidente Gustavo Petro ya ha delineado su hoja de ruta inmediata. El mandatario confirmó que el articulado íntegro de la emergencia será radicado ante el Congreso como una Ley de Financiamiento con mensaje de urgencia. Sin embargo, el ambiente político es tenso, pues el jefe de Estado advirtió que, de no obtener el visto bueno del legislativo para recaudar los $11 billones necesarios, no dudaría en buscar nuevas vías jurídicas o declarar una nueva emergencia, lo que plantea un posible choque de trenes institucional en el corto plazo.
