Viviana Paola Martín Arévalo actual mandataria de Chivor- Boyacá/ Foto: Archivo particular
Primicia Extra
El proceso de pérdida de investidura que involucra a la actual alcaldesa de Chivor, Viviana Paola Martín Arévalo, ha seguido un recorrido judicial que ya cuenta con decisiones en distintas instancias de la jurisdicción contencioso administrativa en Colombia.
De acuerdo con los documentos del caso, el proceso fue iniciado por la ciudadana Andrea Patricia Novoa Roa, quien presentó la demanda de pérdida de investidura ante el Tribunal Administrativo de Boyacá. En primera instancia, mediante sentencia del 29 de mayo de 2024, el Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, fallando en contra de la funcionaria demandada.
Posteriormente, el caso fue llevado en segunda instancia al Consejo de Estado, máxima autoridad de la jurisdicción contenciosa administrativa. Allí, mediante sentencia del 9 de agosto de 2024, la alta corte confirmó la decisión emitida por el Tribunal de Boyacá, ratificando así la pérdida de investidura.
Con el avance del proceso, el 26 de noviembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado emitió un oficio dirigido a las autoridades municipales de Chivor, en el que se informó que la decisión se encontraba debidamente notificada, en firme y ejecutoriada, es decir, sin recursos pendientes y con carácter definitivo. En este mismo sentido, el Tribunal Administrativo de Boyacá expidió una providencia el 4 de diciembre de 2024, en la que la magistrada ponente ordenó dar cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado.
En dicha decisión se dispuso la ejecución del fallo y el archivo del proceso una vez se verifique su cumplimiento integral. Adicionalmente, documentos de consulta disciplinaria señalan que, aunque no se registran sanciones vigentes de carácter general, existirían inhabilidades especiales relacionadas con el ejercicio del cargo de alcalde, conforme a la normativa citada en dichos certificados.
En conjunto, el expediente muestra un proceso que ha pasado por todas las instancias judiciales y que, según los documentos oficiales, ya cuenta con una decisión en firme. Sin embargo, la discusión pública se centra ahora en la aplicación efectiva del fallo y sus consecuencias administrativas. En medio de este panorama, persisten las inquietudes en la comunidad sobre el estado real de ejecución de la decisión judicial.Presuntamente si el fallo ya fue confirmado, ejecutoriado y ordenado para su cumplimiento, ¿qué está pasando actualmente con el cargo de la alcaldesa y por qué aún se mantiene la incertidumbre frente a su situación administrativa?
