Documento revela posibles irregularidades en defensa jurídica oficial.
Redacción Extra
Un documento cargado en la plataforma judicial Samai encendió el debate sobre la posible articulación entre dependencias de la administración municipal de Tunja y la defensa jurídica del alcalde Mikhail Krasnov, en medio del proceso de nulidad electoral que enfrenta. El archivo, que corresponde a una solicitud de adición de sentencia, fue radicado como un borrador que incluía anotaciones internas, lo que permitió evidenciar elementos que no estaban destinados a hacerse públicos.
El hallazgo se produjo luego de que el documento quedará visible en el sistema, el cual no permite eliminar archivos una vez han sido cargados. En el contenido se identificaron espacios sin diligenciar marcados como “XXXXXXXXX”, así como comentarios que, según la trazabilidad del archivo, habrían sido realizados por Luz Mila Acevedo Galán, directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal de Tunja. Sin embargo, el memorial figura oficialmente a nombre del coadyuvante Joseph Esteban Montenegro Galindo.
Entre las anotaciones detectadas se encuentran indicaciones como “quitar” apartes del texto, la expresión “con apoderado” y la pregunta “¿cuánto tiempo necesitamos?”, elementos que han sido interpretados como posibles orientaciones técnicas sobre el contenido y los tiempos del trámite judicial. Estas observaciones han generado cuestionamientos sobre el rol de funcionarios públicos en un proceso que, en principio, corresponde a una defensa de carácter particular.
El documento solicita al Consejo de Estado precisar aspectos relacionados con la designación de un alcalde encargado, específicamente si este debe pertenecer o no a la misma filiación política del mandatario cuya elección fue anulada el pasado 5 de marzo de 2026. En el texto se advierte que un eventual nombramiento por parte del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, que no respete dicha filiación, podría constituir una vulneración de derechos fundamentales.
Desde la parte demandante, el abogado Marco Antonio Palma solicitó el rechazo de los memoriales, al considerar que son improcedentes y extemporáneos. Argumenta que la decisión judicial ya hizo tránsito a cosa juzgada y que cualquier actuación adicional podría dilatar el cumplimiento del fallo. En ese sentido, pidió que el expediente sea remitido al Tribunal Administrativo de Boyacá para avanzar en la ejecución de la sentencia.
Este episodio ha abierto un debate sobre el uso de recursos institucionales en procesos jurídicos de interés particular. Aunque no se han establecido responsabilidades formales, el caso plantea interrogantes sobre la independencia de las actuaciones legales y los límites en la participación de funcionarios públicos. En un contexto de alta sensibilidad política y jurídica, el desarrollo de este proceso será clave para determinar si hubo o no irregularidades y qué implicaciones podrían derivarse de este hecho.
