La reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, ha generado una fuerte controversia entre especialistas en derecho internacional, quienes la califican mayoritariamente como contraria a la legalidad vigente. Mientras tanto, en Alemania, las reacciones oficiales se han caracterizado por la cautela y cierta ambigüedad.
El canciller alemán, Friedrich Merz, evitó una condena directa de la operación estadounidense. Al referirse a Maduro, señaló que su gobierno ha estado marcado por alianzas cuestionables y vínculos con el narcotráfico, lo que dejó entrever cierta comprensión hacia la actuación de Washington. No obstante, Merz se abstuvo de afirmar si la intervención se ajusta al derecho internacional, limitándose a indicar que su evaluación jurídica es “compleja” y recordando que, en principio, las relaciones entre Estados deben regirse por normas internacionales.
La operación, presentada por Estados Unidos como una acción policial, fue ejecutada por fuerzas especiales que capturaron a Maduro y a su esposa en territorio venezolano. Ambos enfrentarán cargos por terrorismo vinculado al narcotráfico ante tribunales estadounidenses.
El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, fue más explícito al cuestionar la legitimidad política de Maduro, a quien no considera un presidente elegido democráticamente. Sin embargo, también recalcó la importancia de respetar la soberanía estatal y la prohibición del uso de la fuerza, subrayando que Washington debe explicar ante la comunidad internacional el fundamento jurídico de su intervención.
Desde el ámbito académico, las críticas han sido contundentes. Christoph Safferling, profesor de derecho internacional en la Universidad de Erlangen-Núremberg, sostiene que Estados Unidos ha infringido la prohibición del uso de la fuerza establecida en la Carta de la ONU. A su juicio, el único supuesto que permitiría una acción armada sería la legítima defensa ante un ataque, algo que —afirma— no se ha producido en este caso. Para Safferling, la detención de Maduro equivale a un secuestro, ya que no contó con el consentimiento del gobierno venezolano ni fue realizada por autoridades locales.
Una postura parcialmente distinta ofrece Matthias Herdegen, jurista de la Universidad de Bonn, quien recuerda que un arresto ilegal no necesariamente invalida un proceso penal posterior. Como ejemplo cita el caso de Adolf Eichmann, secuestrado en Argentina y juzgado posteriormente en Israel. Aun así, Herdegen insiste en la necesidad de analizar cada situación atendiendo a su contexto y gravedad.
La preocupación por el precedente que podría sentar esta intervención también ha llegado a Naciones Unidas. El secretario general, António Guterres, advirtió que este tipo de acciones puede alentar a otros Estados a actuar de forma similar. En ese sentido, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, condenó la operación como ilegal y llegó incluso a especular con posibles secuestros de otros líderes internacionales, entre ellos el propio canciller alemán.
En el ámbito político alemán, las presiones internas aumentan. Los Verdes y el Partido Socialdemócrata (SPD) han reclamado una postura más firme frente a Washington, advirtiendo que la tibieza podría incentivar nuevas intervenciones. En contraste, desde la ultraderechista AfD se defendió la actuación estadounidense, argumentando que en la política internacional prevalece la fuerza sobre las consideraciones éticas, una visión que ha encontrado eco en algunos sectores del entorno de Donald Trump.
Para Herdegen, el Gobierno alemán se encuentra ante un dilema: por un lado, la operación debilita a un régimen acusado de narcotráfico y autoritarismo; por otro, Europa occidental ha construido su identidad política sobre el respeto al derecho internacional. Esta tensión explica, en parte, la prudencia de Berlín, que sí ha sido categórica en otros casos, como el rechazo a las aspiraciones de Trump sobre Groenlandia.
“Las fronteras no pueden cambiarse por la fuerza”, recordó el portavoz del Gobierno alemán, Sebastian Hille, reafirmando que el derecho internacional sigue siendo el marco de referencia que Alemania dice defender, incluso en un contexto global cada vez más marcado por la confrontación y el uso del poder.